El exsindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como «conseguidor» en los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya, cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir en «dinero B, en sobres semanales de 20 o 25.000 euros, siempre en billetes de 500», según un informe aportado a la causa.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Efe, recoge la declaración como testigo del exabogado de la familia Ruiz Mateos, según el cual Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad.

Según este letrado, le comentaron que «todos los pagos se hacían en B, en sobres semanales o quincenales» y los recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el abogado Joaquín Yvancos, quien precisó a la Guardia Civil que, junto a estos pagos, este «pasaba desde cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el Hotel Cervantes» en Torremolinos, propiedad de la familia Ruiz Mateos, de forma gratuita.

Yvancos fue durante 28 años abogado personal de José María Ruiz Mateos y declaró como testigo ante la Guardia Civil el pasado 2 de febrero de 2012, cuando informó de que Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo: Hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada.

Según su testimonio, encomendaron a Lanzas estos ERE porque «se encargaba de que en escasos meses fuesen aprobados» y en otra operación, relativa a la venta de una empresa corchera, intervino el exsindicalista y «un alto funcionario de la Junta de Andalucía».

Según el abogado, fue el propio Ruiz Mateos quien presentó a Lanzas como «conseguidor» al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, que están imputados en la causa que instruye la juez Mercedes Alaya por los dos y un «intruso», respectivamente, aparecidos en los ERE de sus empresas. Juan Lanzas está imputado por la juez Mercedes Alaya junto a otros 58 mediadores en los ERE e «intrusos», grupo este último en el que figuran su propia esposa y su cuñada.

Por otro lado, la familia de Juan Francisco Trujillo, encarcelado por los ERE falsos como chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, no puede reunir los 150.000 euros en efectivo que la Audiencia de Sevilla ha fijado como fianza para salir libre.

Su abogado, Antonio Aguilar, dijo ayer a Efe que la familia no tiene ese dinero, que debe depositarse en efectivo, por lo que su cliente seguirá en prisión hasta que dentro de un tiempo pueda acreditar que carece de bienes.

Además, fuentes judiciales informaron a Efe de que la Audiencia de Sevilla deliberará sin vista, y antes de mediados de julio, sobre el recurso que ha presentado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para quedar libre.

Un informe «con tiempos». El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, se comprometió ayer a «encajar» la presentación del informe de fiscalización elaborado sobre las ayudas concedidas por la Junta a los ERE falsos al «ritmo» de trabajo que llevará la comisión de investigación creada en el Parlamento.

López adquirió este compromiso tras la petición realizada por el vicepresidente primero de la Cámara y presidente de la comisión de investigación sobre los ERE, Ignacio García (IU), de que «en la medida de lo posible» la Cámara de Cuentas «acelerara» la presentación del informe para que se pueda ver en la comisión. Así, quiso dejar claro que no se trata de ritmo, sino de procedimiento.