Al Tribunal Constitucional

La Junta recurre el decreto de ahorro sanitario por invadir competencias

Se atenderá a los inmigrantes y los pensionistas no abonarán el copago superior al tope por rentas

 05:00  
La consejera de Salud hizo ayer el anuncio.
La consejera de Salud hizo ayer el anuncio.  EFE

EFE / EP El Gobierno andaluz acordó ayer presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central sobre ahorro sanitario porque, en su opinión, atenta contra un artículo de la Constitución y cuatro del Estatuto de Autonomía andaluz. A pesar de este recurso, la Junta aplicará este decreto aunque modificará aspectos del copago farmacéutico que entrará en vigor el 1 de julio, como el cobro del 10% del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 o 18 euros fijado según su renta.

Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza, a diferencia de otras comunidades donde este importe será adelantado por los pensionistas a quienes luego se les reembolsará trimestral o semestralmente. La Junta también atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según destacó a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo «tiene un impacto económico muy bajo» en la sanidad pública andaluza, que no alcanza el 2% y, si no es atendido podría transmitir enfermedades, «por lo que no sólo estamos ante una cuestión de solidaridad sino también sanitaria». Montero aseguró que la norma del Ejecutivo central «atenta contra principios básicos» y supone un «desprecio» hacia la autonomía andaluza, además de ser un «varapalo» a la equidad, que impacta principalmente sobre las clases medias y trabajadoras.

Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el PP-A, el candidato Juan Ignacio Zoido señaló que la Junta «disfraza su incompetencia a la hora de gestionar con un recurso ante el Tribunal Constitucional», mientras que la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, lo calificó como una maniobra «para eludir sus propias responsabilidades en la gestión del sistema sanitario andaluz, dentro su estrategia de confrontación con el Ejecutivo de Rajoy».

Por su parte, el Consejo de Gobierno vasco aprobó ayer un decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público para todos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central.

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