El PSOE y diez de los doce diputados de IU aprobaron ayer en el Parlamento convalidar y tramitar como proyecto de ley el plan de ajuste de la Junta que contempla unos 750 millones en recortes salariales de los empleados públicos, que protagonizaron un protesta de rechazo ante las puertas de la Cámara.

Finalmente dos de los doce los diputados de IU -Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura- votaron en contra, pese al llamamiento que habían hecho al resto a rebelarse contra los recortes salariales y a que su formación es parte del Gobierno andaluz de coalición. También el PP lo rechazó, mientras a las puertas del Parlamento unos dos mil docentes, sanitarios y funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, según los convocantes protestaban contra un plan que prevén denunciar ante los tribunales.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, justificó el denominado Plan de Reequilibrio Económico y Financiero de la Junta (2012-2014) en que se trata del instrumento «adecuado» para cumplir la obligaciones del objetivo de déficit, pero recalcó que el Ejecutivo autonómico la aplica por «responsabilidad». Sin embargo, tildó de «injusto, insolidario y desproporcionado» el objetivo y los criterios del déficit que el Gobierno del PP ha impuesto a Andalucía. La consejera defendió que el compromiso de estabilidad sea compatible con las políticas de reactivación económica y afirmó: «Sin crecimiento ningún país va sanear las cuentas».

Las medidas del plan, según Aguayo, vienen condicionadas por la minoración de recursos a Andalucía de los presupuestos estatales y los decretos de racionalización del gasto sanitario y educativo, que «inducen a despedir empleados públicos». La consejera esgrimió que el plan «garantiza» el empleo público, el estado del bienestar y que no haya privatizaciones. Las grandes cifras del plan, aprobado sin el acuerdo de los sindicatos, implican una reducción del presupuesto andaluz de 2012 en unos 2.500 millones, de los que casi 750 saldrán de recortes salariales de los funcionarios, empleados públicos y altos cargos. La Junta hizo el gesto de reducir los salarios de los altos cargos un 7,5% (2,5% más de lo previsto) y prevé reducir entre 25 a 30 millones el recorte en el capitulo de personal, algo que los sindicatos ven insuficiente.

Además, se compromete a que no habrá ningún empleado público que como consecuencia de los ajustes perciba una retribución mensual inferior a 1.000 euros por jornada completa, y a establecer en un tope máximo del 10% la disminución de la jornada laboral y en consecuencia de las retribuciones del personal temporal, frente al 15% inicialmente planteado. El objetivo del plan es aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500 para compensar los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir.

En los ingresos, suponen una subida de varios impuestos, entre ellos el cambio en los últimos tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pasa al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000.

Carlos Rojas, portavoz del PP-A, calificó el plan como el «ataque más furibundo» a los servicios sociales públicos y de «golpe brutal» a los trabajadores públicos, y denunció que la Junta ha optado por recortar en lugar de reformar la estructura «burocrática» del PSOE de 30 años de gobierno. «Necesitamos un gobierno que no meta las tijeras a los funcionarios».

Ignacio García (IU) culpó de los ajustes a las políticas del Gobierno de Rajoy, que atribuyó a una doctrina ideológica a la que «no le importa la gente y no sirve para nada».

Cientos de funcionarios protestan por el plan. Cientos de funcionarios y empleados públicos se manifestaron ayer ante el Parlamento de Andalucía por el plan de ajuste de la Junta, que prevé 747 millones de recortes salariales y cuya convalidación para que se tramite como proyecto de ley ha sido aprobada por la Cámara andaluza.

Miembros de los sindicatos independientes de Educación, Sanidad y funcionarios públicos protestaron a las puertas del Parlamento andaluz mientras en el interior de la Cámara se aprobaba su convalidación para tramitarlo como proyecto de ley. Tras una pancarta que pedía «Menos recortes y mejor gestión», así como la defensa de la sanidad pública y de los derechos laborales, los funcionarios, unos 2.000 según los convocantes, decían, «Griñán, Valderas, nos roban la cartera» o «Menos sillones y más contrataciones».