Alaya deja en libertad con cargos al ex director general Juan Márquez

EFE / EP ­El intercambio de palabras entre la jueza que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez subió ayer de tono hasta el punto de que la magistrada le reprochó su «llamativa falta de conocimiento» y llegó a espetarle frases como: «Usted me aburre, ya estoy aburrida».

En su segunda jornada de declaración como imputado, Márquez mantuvo la línea de otros altos cargos acusados en el sentido de que dijo que siguió concediendo las ayudas aprobadas en mandatos anteriores porque las consideró «válidas y en toda regla».

La irritación de la jueza fue en aumento durante la jornada hasta el punto de que llegó a decirle a Márquez: «Su falta de conocimiento es llamativa». «Usted hace el interrogatorio difícil y cansino», le espetó en otro momento, a lo que Márquez respondió: «O solo lo que usted quiere oír». En otro momento, Alaya le advirtió: «Haga el favor de atenderme porque no soy inagotable».

Márquez, por su parte, se enfrentó a la jueza y le recriminó haber acuñado el término de «intruso» para referirse a quienes percibieron ayudas de la Junta sin haber trabajado nunca en las empresas beneficiarias, a lo que ella respondió que siempre usó el término de «falsos trabajadores» en sus autos hasta que la propia Junta comenzó a denominarlos «intrusos» y luego lo hizo la prensa.

Muchos conflictos que atender. En cuanto a las ayudas que acordó tras llegar al cargo en el año 2009, Márquez reconoció que «quizá no fue todo lo diligente que debería» en el control de las mismas, pero añadió que «tenía muchos conflictos que atender» y llegaba a dar «instrucciones en los pasillos».

Declaró, por otra parte, que no vio extraño que en el año 2010 firmase dos subvenciones de 455.000 euros cada una para Astilleros de Sevilla y Abantia con cargo a la consejería andaluza de Innovación y no de Empleo, en una nueva línea de investigación del destino de 3,5 millones de euros abierta por la juez la semana pasada. En el caso de Abantia, dijo que creyó que los compromisos asumidos con su antecesor eran válidos, según relataron los abogados.

Al ser preguntado sobre ayudas concretas, reconoció que ordenó que se concediese una ayuda sociolaboral al exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés porque tenía derecho al haber trabajado como director de una Escuela de Artesanía, pero matizó que él no ordenó que fuese introducido como intruso en Calderinox.

La juez tenía previsto concluir anoche el interrogatorio, que se produce después del realizado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde el 24 de abril, y su antecesor Guerrero, preso desde el 9 de marzo.