El ex director general de Trabajo imputado por los ERE fraudulentos, Daniel Rivera, declaró ayer a la juez Mercedes Alaya que «le repugna la corrupción», que «un corrupto no puede ser socialista» y que «nunca ha obtenido beneficios» de su cargo.

Rivera hizo uso de su derecho a la última palabra, tras dos días de declaración como imputado por los ERE fraudulentos, para decir que «como ciudadano y como militante de un partido político, considero que un corrupto no puede ser socialista» y que a él «le repugna la corrupción».

Afirmó que nunca obtuvo «ningún beneficio, económico o de otro tipo, directo o indirecto, pese a haber manejado una gran cantidad de dinero público».

La segunda jornada de declaración de Rivera ante la juez de instrucción 6 estuvo dedicada a las ayudas individuales, en las que la juez anunció que va a reclamar en el plazo de cinco días a la Junta que entregue el listado de un último grupo de 204 ayudas a las que los beneficiarios no tenían derecho, y sobre los que aún no ha remitido la información.

La Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros para Rivera que quedó libre con cargos. La letrada de la Junta pidió que no se imponga ningún tipo de medida cautelar y la defensa de Rivera, que ejerce la letrada Regina Apalategui, precisó que no debe adoptarse ninguna medida por ausencia de indicios de criminalidad. Rivera es el cuarto ex alto cargo de la Junta imputado de delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos e infidelidad en la custodia de documentos.

Libertad bajo fianza para Fernández, Guerrero y el exchófer. La juez que investiga los ERE fraudulentos decidió ayer, de oficio, dejar en libertad bajo fianza de 250.000 euros a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, tras una decisión similar de la Audiencia respecto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, con una fianza de 450.000 euros. Todo ello tras haber decidido, además, dejar en libertad con fianza de 150.000 euros al exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, dijo a los periodistas que la cantidad de 250.000 euros es acorde con lo fijado para Fernández dada la diferente capacidad económica de cada uno aunque elevada para la situación personal de su cliente, por lo que duda que la familia pueda reunir esa cantidad al menos en 15 o 20 días.

Por su parte, la familia y amigos de Fernández esperan reunir los 450.000 euros para hoy y conseguir entonces la salida del exconsejero de la cárcel de Morón de la Fontera (Sevilla), según anunció su abogado a los periodistas.

La juez Alaya, en un auto al que tuvo acceso Efe, dice que la libertad de Guerrero responde a «un elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes presuntamente responsables de los hechos que se investigan», y también porque el imputado «lleva privado de libertad varios meses». La medida de prisión, que era «necesaria» cuando se adoptó, no debe mantenerse «sine die» pues los riesgos de fuga o destrucción de pruebas «disminuyen por el avance de la investigación», según la juez. Junto a la fianza, Alaya impone a Guerrero la obligación de presentarse en un juzgado todos los lunes y la prohibición de salir de España.