­La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, anunció ayer que el Gobierno andaluz ha pedido al Ejecutivo central un anticipo de mil millones de euros a cuenta de su participación en los ingresos del Estado por impuestos, mientras analiza si se acoge o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Horas más tarde de conocerse la noticia, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, señaló que la petición de un anticipo a cuenta de su participación en los ingresos del Estado es un derecho de las comunidades autónomas y, por ello, espera que no se produzca discriminación en este asunto. Griñán dijo que forma parte de la «dinámica normal y corriente» y que este dinero no se empleará en pagar deudas «asumidas indebidamente», sino que es consecuencia de los problemas de tesorería que también tiene el Estado y todo el sector público.

Por ello, defendió la necesidad de una conferencia de presidentes para acordar las condiciones de FLA que en su opinión no puede ser «una carrera para llegar antes», y aseguró que Andalucía no decidirá si lo pide hasta que no sepa cómo se va a desarrollar.

Por su parte, consejera argumentó: «Mientras el Gobierno de España procede a la definición de cuáles son las condiciones en las que las comunidades autónomas se acogerán al FLA, y visto que otras comunidades autónomas lo están solicitando, como Gobierno andaluz hemos solicitado este anticipo porque en estos momentos necesitamos liquidez».

La consejera puso como ejemplo el caso de la comunidad de Valencia que el pasado mes de junio recibió en torno a trescientos millones de euros bajo similar concepto de anticipo. Díaz aseguró que los andaluces «también tienen derecho» a recibir ese dinero y mostró su confianza en que «la respuesta sea favorable», igual que ha sido en los casos de la comunidad valenciana o Cataluña, ya que «no tiene que haber ninguna diferencia» y es «un anticipo de lo que corresponde a Andalucía que se solicita ante la indefinición del FLA».

Según detalló, el Ejecutivo andaluz no ha descartado «en ningún momento» acudir a ese fondo de liquidez, lo cual «no significa acudir a un fondo de rescate», aunque en el Consejo de Gobierno no se ha hablado de «ninguna cifra concreta» porque «no se conocen ni siquiera las condiciones que se aplicarán a quienes se acojan al FLA».

A juicio de Díaz, las comunidades autónomas demandan ese fondo de liquidez puesto que «el sistema financiero está cerrado a cal y canto», pero este instrumento «no puede limitar las competencias autonómicas». Sobre el destino que tendrán esos mil millones de euros, Díaz dijo que la Junta necesita liquidez «para hacer frente a los compromisos» que tiene con «colectivos que esperan que esa liquidez sea real para que se produzcan los pagos que les están preocupando».

Por otra parte, el vicepresidente del Gobierno andaluz y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que sería «prematuro» que el Consejo de Gobierno decidiera en su reunión de hoy si la comunidad solicita o no participar en el Fondo de Liquidez Autonómico ya que «no se puede ir a una decisión de este tipo sin conocer a fondo las condiciones más allá de lo expresado en el decreto que lo regula».

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar, y el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, exigió al al presidente andaluz, José Antonio Griñán, a que «aclare de una vez» cuáles son las cuentas reales de la Junta de Andalucía. Para el dirigente del PP, es acuciante que la Junta de Andalucía «diga de ya de una vez» cuál es su situación financiera «real» y pidió al presidente andaluz que «no nos siga engañando más tiempo».

UPyD aseguró que la solicitud de anticipo de 1.000 millones de euros demuestra que la gestión y administración de la Junta «han fracasado», ya que han sido «incapaces» de frenar el despilfarro, acabar con el «sobredimensionamiento» de su administración paralela y reactivar la economía.

El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, dijo esperar que el Gobierno vigile en qué se va a invertir ese dinero, supervise la gestión de las ayudas a la Junta y deje de mirar hacia otro lado ante el «sobregasto descontrolado» de dinero público en fundaciones, agencias y todo tipo de entes que conforman su «macroestructura de poder».