El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, aseguró que su formación exigirá responsabilidades políticas a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en el marco de la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), que el grupo de IULV-CA está elaborando ahora.

En una entrevista con Europa Press, Castro aseguró que durante los años en los que estos exdirigentes estuvieron al frente de la Consejería de Empleo -entre 2001 y 2010-, el departamento era un hervidero de malas prácticas, en lo que se refiere a la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis «de una forma totalmente discrecional y arbitraria».

Castro, que no precisó si IULV-CA demandará más responsabilidades políticas a miembros o exmiembros del Gobierno andaluz, sí que descartó pedirlas al exconsejero de Empleo Manuel Recio, argumentando que su actitud fue la de poner las irregularidades encima de la mesa «más que continuar con esas malas prácticas».

Sobre qué culpa podrían tener el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, consideró «muy difícil» delimitar ese tipo de responsabilidad «cuando buceas y ves cómo estaban establecidos los mecanismos de control y hasta dónde podían llegar las alertas».

«En ese ámbito es mucho más difuso y complicado establecer esas responsabilidades», afirmó Castro, quien avanzó que IULV-CA negará en el dictamen que el Parlamento pueda tener ningún tipo de responsabilidad por el hecho de que la Cámara aprobara año tras año el Presupuesto de la Junta en el que se contenía la partida para ayudas sociolaborales.

En lo que se refiere a la posible responsabilidad de la Intervención General de la Junta, aseguró que su formación está sometiendo a este órgano a un «importante análisis crítico», en relación a por qué «no fue más allá de las advertencias que realizó» a diferentes departamentos.

«Se ha querido justificar a la Intervención asegurando que no se detectó menoscabo de fondos públicos, pero no es eso lo que dice la ley», advirtió Castro, ya que la ley recoge que la Intervención General tiene que actuar «si ve peligro o indicio de menoscabo de fondos públicos. Y ahí no se intervino», indicó.