Hacienda creará un impuesto estatal sobre los depósitos en las entidades de crédito a partir del próximo 1 de enero con el fin de garantizar la unidad de mercado y evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia, como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía. Este impuesto no tendrá propósito recaudatorio, ya que se aplicará al 0%, pero sí dejará sin los ingresos correspondientes a las autonomías que, como Andalucía, ya lo aplicaban.

Así consta en una enmienda propuesta por el grupo popular del Senado al proyecto de ley de medidas tributarias, que explica que la tasa se ha ideado «para que esos depósitos tengan un tratamiento tributario homogéneo y que el sistema financiero no pierda eficiencia».

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a Efe que la creación de este tributo eliminará el que ya existe en Andalucía, Extremadura y Canarias, por lo que obligará a compensar a estas autonomías, aunque no precisaron cómo se hará efectiva la compensación.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, expresó su sorpresa tras conocer esta noticia, toda vez que considera que el impuesto sobre depósitos es «un impuesto constitucional y autonómico», tras lo que aseguró que la Junta «no va a tocar» el presupuesto para 2013.

A su juicio, «resulta particularmente sorprendente y no parece muy lógico que estando las comunidades autónomas permanentemente en el punto de mira de todos los analistas económicos y políticos y que les exijan más corresponsabilidad fiscal, las medidas que el Gobierno tome sean para vaciar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas y para dejar sin contenido su espacio fiscal».

El Gobierno extremeño, por contra, confió en que el mecanismo de compensación que habrá de activarse cuando se elimine el impuesto le reporte los mismos ingresos que éste. De esta forma, la decisión de Hacienda de crear una tasa estatal no lesionaría sus intereses, dijo la vicepresidenta, Cristina Teniente.

Por último, la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que el Estado «se reserve el hecho imponible» sobre los depósitos bancarios.