Política social

El PP-A denuncia que la Junta ´recorta diez veces más´ que el Gobierno

Aseguran que las políticas sociales andaluzas han sufrido un recorte de más de 90 millones frente a la reducción de 8,5 millones del Ejecutivo

 05:00  
Oficinas de teleasistencia de la Junta ubicadas en el PTA de Málaga.
Oficinas de teleasistencia de la Junta ubicadas en el PTA de Málaga.  Arciniega

Europa Press La portavoz de Política Social del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Rosario Soto, alertó ayer de que el Gobierno andaluz «recorta diez veces más» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy en políticas sociales, extremo que justificó comparando los datos presupuestarios que, según dijo, «demuestran que la Junta recorta 91 millones de euros en los programas de bienestar social por los 8,5 millones que reduce el Ejecutivo del PP».

En un comunicado, la popular puso como ejemplos «el recorte de la Junta de Andalucía de 7,8 millones en el Plan sobre Drogodependencias, de 53 millones en Atención a la Infancia, de 21 millones en Servicios Sociales Comunitarios, de casi un millón de euros en el Servicio de Apoyo a las Familias o de 73 millones en Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y discapacidad».

Y es que, según recordó Soto, la política social del Ejecutivo de Griñán no la desarrolla en exclusiva la Consejería de Bienestar Social sino que afecta a otros departamentos como Educación y Sanidad, por lo que en el presupuesto andaluz para 2013 «el gobierno bipartito, que se da golpes de pecho con las políticas sociales, las han reducido en 777,7 millones de euros, un 21,36%».

En este sentido, a juicio de la portavoz de Política Social del PP en el Parlamento, «el gasto social no es prioritario para el gobierno andaluz sino que, por el contrario, lo reduce mientras aumenta el gasto político y el que da rédito electoral al PSOE y a IU».

Asimismo, Soto criticó que la Junta cree nuevos programas extraordinarios, «no pensando en los ciudadanos, sino pensando, en palabras de la consejera, en el éxito electoral del bipartito» y acusó al PSOE de «supeditar la atención a los más vulnerables a la proyección de la política de IU en el gobierno».

De esta manera, se ha considerado que el Plan de Solidaridad Alimentaria es un «programa político, ya que su objetivo se cumple con eficacia, profesionalidad y objetividad a través de las entidades sociales sin ánimo de lucro». En opinión de Rosario Soto, este plan «sólo pretende obtener rédito político, como demuestra que se haya adscrito a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que carece de la experiencia de equipos técnicos de trabajadores sociales, psicólogos y demás personal especializado».

Del mismo modo, apuntó que el Plan Extraordinario de Acción Social pretende «hacer propaganda del bipartito a costa de los ayuntamientos». Además, Soto recordó que el Salario Social «se ha convertido en un derecho de papel, que se deja de pagar año tras año el mes de junio porque el presupuesto no alcanza el 5% de las necesidades de las familias andaluzas».

La portavoz popular concluyó afirmado que en «Andalucía no sólo no se avanza, sino que vamos para atrás en el cumplimiento de muchos derechos sociales».

El PP-A pedirá a la Junta un calendario de pago riguroso. El Partido Popular de Andalucía llevará a la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales que se celebrará mañana en la Cámara autonómica una proposición no de ley en la que pide a la Junta que pague «de manera urgente las cantidades adeudadas a los ayuntamientos andaluces con los recursos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómico, aprobado por el Gobierno de la Nación».

Además, los populares solicitan al Consejo de Gobierno andaluz que establezca un calendario de pago «cierto y riguroso para evitar, de nuevo, retrasos e incumplimientos con respecto a las corporaciones locales, a fin de evitar la asfixia financiera de las mismas y en cumplimiento de convenios y programas acordados entre ambas administraciones». Según defendió el PP-A en esta iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, sendas medidas tratan de aliviar la «extremadamente difícil situación» de los consistorios de la comunidad, los cuales, a su entender, no solo sufren «la falta de ingresos propios» sino la «falta de apoyo por parte de la Junta».

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