La Junta de Andalucía va a encargar un informe jurídico para poder reclamar el tramo autonómico de los impuestos por el dinero que ha aflorado tras el cierre del proceso de regularización fiscal extraordinaria.

Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha explicado que pedirán los datos sobre las personas que han regularizado su situación "para que paguen el tramo autonómico de la renta", ya que ha recordado que en Andalucía "no hemos amnistiado".

Griñán ha explicado que en todo caso el Estado tendría que dar a las comunidades autónomas el 50 por ciento que les corresponde por el tramo autonómico del IRPF.

"Es un elemento que hay poner encima de la mesa tras conocer el resultado de la amnistía fiscal", ha indicado Griñán.

Con el informe encargado a los servicios jurídicos, la Junta quiere saber si la comunidad autónoma puede recabar datos respecto a los "amnistiados" que sean de Andalucía y si tienen que pagar o no la tarifa autonómica porque "nosotros no hemos declarado ninguna amnistía", ha puntualizado el presidente de la Junta.

"Tenemos que ver si tienen que pagar la tarifa autonómica, el informe jurídico nos lo dirá y, en todo caso, estamos convencidos de que teniendo en cuenta que el IRPF se reparte al 50 por ciento (entre el Estado y la Comunidad), tendríamos que recibir también lo que le corresponde a la Junta de Andalucía", ha apostillado.

En este sentido, ha anunciado que si el informe jurídico lo "avala", el Gobierno andaluz reclamará primero información sobre las personas que han regularizado su situación y después exigiría el pago correspondiente.

"Si analizándolo jurídicamente eso es posible y, como nosotros no hemos hecho amnistía del tramo autonómico de la renta, tendrían que pagarlo", ha insistido Griñán.

El Gobierno ha recaudado 1.200 millones con la regulación fiscal que aprobó en marzo pero que entró en vigor en junio y cuyo plazo terminó ayer, lo que supone el 48 por ciento de los 2.500 millones que había previsto.

La amnistía fiscal parcial ha permitido la regulación de activos pagando un interés único del 10 por ciento.

Más de 31.000 contribuyentes se han acogido a la regularización fiscal, con un importe medio de 37.800 euros por declaración, de los cuales el 93 % ha dado el paso al final del proceso que cerró el pasado 30 de noviembre.