Educación

Andalucía se suma a la rebelión contra la reforma de Wert y le envía una alternativa

La consejera avisa al Gobierno central de que con su "radicalidad" romperá consensos constitucionales en materia educativa

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La consejera Mar Moreno ofreció una rueda de prensa para criticar la reforma educativa del Gobierno.
La consejera Mar Moreno ofreció una rueda de prensa para criticar la reforma educativa del Gobierno.  Europa Press

Ignacio A. Castillo Andalucía también rechaza la reforma educativa. Se une a la rebelión contra Wert. La consejera de Educación, Mar Moreno, censura el nuevo texto de la reforma educativa del Gobierno central al considerar que está escrito «al dictado de la privada por los enemigos de la escuela pública». La Junta de Andalucía advierte de que si el Ministerio mantiene su «radicalidad» se romperán consensos constitucionales en materia educativa. Y como quien señala un problema sin apuntar la posible solución se convierte en parte del problema, la consejera presentó ayer un nuevo informe que ha enviado a Madrid de cara a la próxima reunión de la Conferencia Sectorial, que reafirma la posición de Andalucía en defensa de la escuela pública y la igualdad de oportunidades, frente a la «autopista de peaje para quienes puedan y carreteras secundarias para los demás».

En este nuevo documento (la Junta ya remitió en su día el dictamen del Consejo Escolar Andaluz, un listado de puntos alternativos de encuentro y una serie de argumentos técnicos en los que basar las peticiones de la Junta), Andalucía rechaza las «medidas privatizadoras» que introduce la reforma, al dar mayor peso en la programación de la red de centros a la enseñanza concertada (según dice el artículo 109 de la LOMCE) y ampliando de cuatro a seis años el periodo de concertación en la educación Primaria.

El texto del Ministerio recoge el criterio de «demanda social» en la programación de la red de centros lo que, a juicio de la consejera, dificultará las atribuciones de planificación de la Administración y favorecerá el aumento de litigios.

Asimismo, la Junta está en contra de que se elimine la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes en las zonas de nueva población, «lo que abre la puerta a la construcción de centros privados», y se promueve la publicación de clasificaciones y rankings de centros para estimular la demanda de determinados colegios y alentar el trasvase del alumnado con más dificultades hacia la enseñanza pública.

Mar Moreno también rebatió ayer la «visión catastrofista» de la educación sobre la que el Ministerio fundamenta la reforma, aportando datos e indicadores que demuestran que el sistema educativo español y andaluz «ha recorrido un valioso camino». En este sentido, también rechaza la «idea de fracaso» del sistema educativo así como «poner el foco en los problemas» y no reconocer los avances como el paso de la escolarización de ocho cursos de la EGB a la situación actual en la que la población permanece escolarizada entre los tres y los dieciséis años de edad; o el incremento de la escolarización infantil en los últimos años, entre otros logros. «La visión catastrofista de la educación es el hormigón con el que están construyendo la autopista de peaje para quienes puedan y las carreteras secundarias para los demás», subrayó.

La consejera defendió que hay que avanzar más deprisa; «tenemos que meter la quinta o la sexta pero no la marcha atrás», porque en educación es necesario «cambiar la velocidad pero no la meta». La meta que defiende la Junta de Andalucía es la misma para todo el alumnado, de modo que permita «que cada joven llegue tan lejos como sea posible», señaló.

Sin embargo, desde su punto de vista, «la reforma de Rajoy cambia la meta buscando el progreso de los que puedan y la marcha atrás de todos los demás».

«La Religión ha de ser una materia opcional». La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, también se refirió al tratamiento de la religión y de la enseñanza de valores constitucionales en la escuela. Recordó la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la plena constitucionalidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y de sus manuales y que «debería cambiar la posición del Ministerio» que ha eliminado la asignatura en una «concesión inaceptable a un sector minoritario».

En la reforma del Ministerio se obliga al alumnado a elegir entre la asignatura de Religión y la enseñanza de valores constitucionales, culturales y sociales, una formación «necesaria» para la vida en una sociedad democrática de la que se verán privados aquellos que opten por la religión. «La religión es una materia opcional» pero la formación en valores «es una materia que debe cursar todo el alumnado, con independencia de su opción religiosa», manifestó la consejera.

Moreno avisó de que la Junta «radicalizará» su postura respecto a la impartición de la asignatura de Religión en el caso de que el Gobierno central mantenga su «bandazo al programa de máximos de la derecha» concretado en el veto a los contenidos de EpC.

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