El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos en Andalucía, por lo que la próxima semana la Junta sacará a concurso unas sustancias que suponen el 50% de la factura farmacéutica, según anunció ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero.

«Se trata de una magnífica noticia en estos tiempos de crisis», afirmó Montero, al tiempo que se felicitó por que el alto tribunal haya dado, por segunda vez, la razón al Gobierno andaluz. El TC, explicó, «por segunda vez ha establecido que Andalucía puede continuar adelante con el concurso hasta que se produzca la resolución definitiva», lo que puede tardar varios años.

Según recordó Montero, el Gobierno central recurrió primero el acto administrativo por el que la Junta convocó la subasta de tres sustancias y luego la norma básica recogida en el decreto aprobado por el Ejecutivo andaluz.

Ahora, el alto tribunal ha establecido, por segunda vez, que la Junta puede seguir adelante con el concurso, por lo que Montero anunció que la Consejería de Salud no solo va a sacar los tres principios activos objeto de recurso (protectores gástricos, estatinas para el colesterol e inhibidores de la agregación plaquetaria) sino el 50% de su factura farmacéutica. El resto de sustancias no pueden ser objeto de subasta al estar sujetas a patentes.

Según la consejera, se trata de una «magnífica noticia que para Andalucía supone un ahorro de 200 millones de euros, que permite no hacer ajustes en otras partidas», pues si el TC no hubiera levantado la suspensión el recorte «habría impactado en otras partidas o servicios que se prestan a los ciudadanos».

«El segundo auto nos da la razón y confirma que la Junta de Andalucía podía poner en marcha esta medida innovadora sin que eso repercuta en la calidad de la prestación que se da a los ciudadanos», manifestó.

Explicó que su departamento, en previsión de esta resolución del Constitucional, ya tenía preparado el procedimiento para sacar el concurso, por lo que se publicará a lo largo de la próxima semana.

Para la Junta, el ahorro de 200 millones que pretende obtener con la subasta permite no tener que poner en marcha otras medidas como el copago o pago de un euro por receta que sí se han impulsado en otras regiones y afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos.

El Gobierno central, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se limita a asegurar que «acata» la decisión del TC.