El Gobierno andaluz aprobó ayer destinar 20,3 millones para complementar las pensiones asistenciales y las no contributivas, que aumentarán un 2% en 2013 respecto a 2012, y se beneficiará a 111.700 personas.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, destacó el compromiso del Gobierno andaluz con los colectivos más desfavorecidos y subrayó que Andalucía es la única comunidad autónoma de España que complementa dichas prestaciones.

Las personas que cobren una pensión por jubilación e invalidez en la modalidad no contributiva, que perciben 104.000 personas (un 70% mujeres), tendrán en 2013 una paga única de 113,62 euros, lo que supone un dos por ciento más que en 2012.

La pensión media de este colectivo en de 350 euros al mes, y el complemento a dicha prestación supone para la Junta un gasto de 11,8 millones.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz destinará 8,5 millones a complementar las pensiones del fondo de asistencia social y del subsidio de garantía de mínimos, cuya cuantía ha sido congelada por el Gobierno central en 2013, y que recibirán 1.097,16 euros anuales procedentes de la Junta, que serán abonados en cuatro pagas.

De estas ayudas se beneficiarán 7.748 personas (el 83,4%, mujeres) que perciben al mes 149,8 euros mensuales con un total anual de 2.098 euros, por lo que el complemento de la administración autonómica supone el 50% del total.

En 2013 la aportación global de la Junta para ambas prestaciones será inferior en unos cuatro millones respecto a la de 2012 debido a que ha descendido el número de beneficiarios de las pensiones asistenciales por fallecimiento de los beneficiarios.

Política de contraste. Desde 1989 la Junta complementa las pensiones asistenciales por considerar que se trata de colectivos en riesgo de exclusión social, y en las no contributivas el Gobierno andaluz concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2012.

La consejera de Salud resaltó la «política de contraste» del Ejecutivo andaluz respecto a la del Gobierno de la nación y recordó que el presidente Mariano Rajoy «dijo que no iba a tocar las pensiones y las ha tocado», en alusión a la no revalorización conforme a la subida del IPC. Según Montero, la pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas por esa decisión del Gobierno será de 170 euros al año y señaló que el 45% de los pensionistas cobra entre 500 y 800 euros.

Además, cifró entre el quince y el veinte por ciento la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas si a la no actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC se suman la incidencia de otras medidas como el copago farmacéutico, el del transporte sanitario no urgente, el de productos dietéticos y la subida del IVA y de la luz.

Estos gastos suman en total al mes 115 euros, lo que equivale a una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de entre el quince y el veinte por ciento, según los cálculos de Salud.