La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, exigió ayer al exdirector de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero que «deje de administrar sus silencios» y diga ya todo lo que sabe sobre las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica entre 2001 y 2010.

Así se pronunció Corredera en rueda de prensa después de que el martes Guerrero concediera una entrevista a Giralda TV, donde aseguró, entre otras cosas, que su mayor error «ha podido ser el silencio», que está «deseando» que la juez Mercedes Alaya se reincorpore al Juzgado tras su baja por enfermedad y que, «evidentemente», conoce al expresidente andaluz Manuel Chaves y al actual jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán.

Es por ello por lo que la dirigente popular también exigió a Chaves y Griñán que asuman «las responsabilidades políticas» que le corresponden en este caso porque, en su opinión, tanto la investigación judicial como la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz a este respecto apuntan a que «esto era una trama orquestada» y de la que sabían los miembros del Consejo de Gobierno.

«Nos gustaría conocer la versión completa de los hechos y no a través de segundas espadas como el señor Guerrero, sino a través de los máximos responsables a los que apuntan todas las declaraciones y que son los que asistían al Consejo de Gobierno», recalcó.

Además, Corredera preguntó a Guerrero «qué esconde» su silencio y por qué no dice «todo lo que sabe» a los andaluces para que estos conozcan «la verdad».

La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A arremetió igualmente contra Chaves y Griñán, a quienes acusó de «mentir o al menos minimizar su relación con Guerrero» en la comisión de investigación.

Una credibilidad «bajo cero». Por contra, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica, manifestó que la credibilidad del ex director general de Trabajo está «muy cerca de la de algunas entidades financieras, bajo cero».

En rueda de prensa manifestó que Guerrero tiene que decir la verdad delante de los tribunales y recordó que tuvo la oportunidad de hablar en el Parlamento y dijo «lo que creía que tenía que decir en libertad».

En esta misma línea también se expresó el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, quien apuntó que Guerrero donde tiene que dar explicaciones es en el ámbito judicial. En declaraciones a los periodistas, Mario Jiménez manifestó que el ex director general está sometido a un proceso penal y que es en el ámbito de la justicia donde tiene que dar todas las explicaciones, que es lo que están esperando los ciudadanos.

Mientras tanto, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de investigar el caso de los ERE fraudulentos, seguirá un mes más de baja por enfermedad tras presentar un nuevo parte médico, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.