La Junta de Andalucía y el Gobierno central acordaron ayer abordar «con carácter de urgencia» la situación de «extrema gravedad» que viven tres ayuntamientos gaditanos -Jerez de la Frontera, Barbate y La Línea de la Concepción- y el sevillano de Los Palacios, con grandes retrasos en los pagos a proveedores y nóminas y dificultades para la prestación de servicios.

Así lo anunciaron el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tras la reunión que mantuvieron ayer en Madrid, con la presencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para abordar la financiación local y que coincidieron en calificar como «constructiva» y «muy positiva».

Al término del encuentro, explicaron que el acuerdo pasa por la creación de una Comisión Mixta Estado-Junta que a la mayor brevedad posible analizará los problemas de casi una treintena de Ayuntamientos y dentro de ellos, «con urgencia» los de esos cuatro, que la Junta considera en «mayor dificultad». «Va a haber una actuación rápida para salvar situaciones de extrema gravedad», resumió Valderas.

Las soluciones que estudiará y ofrecerá la comisión a estos cuatro consistorios «irán en la misma línea» y serán de «similar calado» que lo que el Ministerio de Hacienda acordó el miércoles con el Ayuntamiento de Jerez, como la medida de la reducción de la retención de la PIE.

Enmarcado en el objetivo de favorecer la liquidez de todas las entidades locales y garantizar la vuelta al equilibrio presupuestario, enfatizó Beteta, el Gobierno anunció que estudia establecer a nivel nacional instrumentos para ayudar a los consistorios a hacer frente a esas situaciones de «urgente necesidad».

No será un fondo El secretario de Estado dijo que ese instrumento «no tiene por qué ser un fondo» y adelantó que los ayuntamientos que se sirvan de él deberán tener un plan de saneamiento.

Esa medida estará enmarcada en la reforma de la administración local que el Gobierno llevará en breve al Congreso y que será consultada con las comunidades autónomas con competencias estatutarias para ello y con las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario.

En definitiva, se trata de «medidas para que estas circunstancias no vuelvan a repetirse y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas venga de la mano de la prestación eficaz de los servicios que tengan encomendados», subrayó.

Valderas y Aguayo trasladaron ayer al Ministerio un decálogo de propuestas, entre las que están la aportación de un Fondo de Liquidez Local destinado a sanear las cuentas de consistorios y mancomunidades con problemas extremos, la devolución por la Agencia Tributaria de las cantidades de IVA abonado por los ayuntamientos, la flexibilización del objetivo de déficit y el establecimiento de mecanismos flexibles para el adelanto de la PIE.

A pesar de la situación de esos ayuntamientos para los que se han adoptado medidas de urgencia, Beteta indicó que la administración local en España ha mejorado «sensiblemente» su situación financiera y cerrará 2012 en equilibrio presupuestario.

Al respecto, Aguayo saludó la evaluación realizada por ambas administraciones y que arroja una «evolución positiva» de las cuentas de los ayuntamientos andaluces, con una deuda por habitante «muy por debajo» de los consistorios de otras regiones como Cataluña, Valencia o Baleares.