La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada afirmó ayer que «no es ilegal» que una empresa privada decida cobrar por una entrevista de trabajo, después de que se haya hecho público que un colegio privado exige 190 euros a los aspirantes a un proceso de selección.

Fuentes de la Delegación explicaron que, al no existir relación contractual entre las personas que optan al trabajo y la propia empresa, no se le puede aplicar en este caso el derecho laboral, con lo que Empleo no tiene capacidad para actuar en este asunto, independientemente de que se considere o no ético este cobro, máxime teniendo en cuenta la situación actual.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción anunció ayer que ha denunciado ante la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía a este colegio, por incurrir en «en varias cláusulas abusivas prohibidas por la legislación estatal y andaluza en materia de protección de los consumidores». También el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) formalizó una denuncia.