El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, aseveró ayer que, aunque a los jueces españoles «cada día les repugna más acordar» órdenes de desahucio, la policía está obligada a cumplir esas órdenes y prestar esa colaboración al juzgado en cuestión.
Recientemente, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Carmelo Conde (PSOE), anunció a través de un bando que el Ayuntamiento de este municipio no pondrá a agentes de la Policía Local «a disposición de las órdenes de desahucio». También en Sevilla, el municipio de El Coronil, gobernado por el socialista Jerónimo Guerrero, tiene previsto debatir en el pleno este enero la prohibición de que los agentes policiales colaboren en los desahucios.
Durante una entrevista con Europa Press, De Llera se refirió a hechos como estos y quiso dejar claro que «un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la policía, ya que, si un juez ordena algo, la policía está obligada a colaborar».
«A los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio de este tipo, pues también son ciudadanos», subrayó el responsable autonómico de Justicia e Interior, quien añadió que los propios jueces «andan buscando soluciones» al problema.
En este sentido, De Llera hizo mención al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno por el que se paralizan dos años los desahucios de los colectivos más vulnerables, señalando que esta norma «no suspende que sigan corriendo los intereses de demora, que muchas veces son altísimos». A su juicio, cláusulas como las referidas a los intereses de demora «son abusivas, y como tal perjudiciales para los consumidores», por lo que, según consideró, «debería pedirse su declaración de nulidad».
Insistió en que «hay que replantearse los intereses de demora y el valor de adjudicación de las casas», ya que, en caso contrario, «se produce un enriquecimiento injusto, sin causa, como se dice en Derecho», dijo.
El PSOE, precisamente, registró el sábado en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre los desahucios, que contempla la dación en pago, paralizar el desalojo tres años y un parque público de viviendas de alquiler social con activos de los bancos nacionalizados. La norma aprobada por el Gobierno el pasado 15 de noviembre se tramita actualmente como proyecto de ley en el Congreso con la finalidad de incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
