La Guardia Civil cifró ayer en 50 millones de euros los fondos públicos desviados en la última fase de la investigación de los ERE fraudulentos, aunque esa cifra «podría aumentar de manera significativa» a medida que se analice la documentación incautada en los trece registros realizados.
Estos datos fueron difundidos por el instituto armado en una jornada en la que la jueza Mercedes Alaya tomó declaración a Jesús Bordallo, ex director comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía, que quedó en libertad sin fianza, y Antonio Albarracín, directivo de esta aseguradora, para quien la Fiscalía pidió el ingreso en prisión.
Su abogado, Francisco Rubiales, dijo que Albarracín era un mero trabajador y que se deben pedir responsabilidades por este «enorme fraude» a los responsables de la Junta de Andalucía.
La esposa de Albarracín, detenida el miércoles, se encuentra desde entonces en calabozos policiales a la espera de comparecer ante Alaya, mientras que en la puerta del juzgado aguardaban el intermediario Juan Lanzas y su abogado, que estaban citados ayer, al igual que Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas; Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, y Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo encarcelado el miércoles.
Las investigaciones de la Guardia Civil en esta segunda fase, en la que han sido detenidas veintidós personas en varias provincias, han permitido «descubrir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta». La actividad de esta organización delictiva se asocia a los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros.
Esta segunda fase de la operación supone, según el instituto armado, un «importante paso cualitativo» en la investigación, ya que establece las bases para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados en la causa.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, dijo que la operación «Heracles» continúa abierta y que están pendientes «pasos muy importantes», que no concretó.
La consejera andaluza de la Presidencia, Susana Díaz, tachó de «llamativo» el hecho de que haya habido imputados que hayan tardado en ser llamados a declarar casi dos años y pidió diligencia para que se aclaren los hechos cuanto antes.
El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, anunció que la dirección regional de su partido pondrá en manos de la justicia cualquier «ataque al honor» contra su secretario general, José Antonio Griñán, tras censurar la supuesta «cacería» puesta en marcha por el PP, que tildó de «obscena».
La vicesecretaria de Organización de los populares andaluces, Ana María Corredera, indicó que no se trata de un asunto de empresas mediadoras ni de «cuatro golfos», sino de un «gran fraude» con el dinero de los desempleados andaluces.
