El presidente de la Mesa de la Construcción, Ignacio Sánchez de la Mora, se quejó ayer de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente no está ejecutando las depuradoras previstas, «a pesar de que es una obligación legal». «Las obras anunciadas deberían estar listas a 31 de diciembre de 2015».
Indicó que se trata de 300 depuradoras cuya mayoría «no se está ejecutando, pese a la obligación», y recordó que esas obras de depuración de aguas residuales recibieron una gran cantidad de fondos europeos Feder, «y si éstos no se ejecutan en 2015 habrá que devolverles». Si no se ejecutan, indicó, «Andalucía deberá pagar 38 millones de euros al año, pues cuando las administraciones no cumplen los proyectos financiados con fondos comunitarios, tienen una sanción, y además se puede perder financiación Feder». Muchas de esas depuradoras son vitales para el saneamiento integral de la Costa del Sol.
Por otro lado, el secretario general de la mesa, Emilio Corbacho, precisó ayer que la deuda de la Junta con las constructoras asciende a 340 millones de euros, mientras que con las consultoras es de 25 millones, por lo que pidió que se abonen cuanto antes esas cantidades, y reivindicó el sector como generador «inmediato» de empleo, además de ser considerado prioridad en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica.
El presidente, por otro lado, criticó que «las disputas políticas están retrasando muchos procesos; hay una politización de infraestructuras, como ocurre con el anillo ferroviario de Antequera o con el metro».
Por otro lado, el sector criticó que el decreto ley de función social de la vivienda está siendo negociado por la Junta y dijo esperar que las propuestas de esta industria durante el trámite parlamentario puedan ser acogidas.
