Caso de los ERE

Alaya acusa de financiación irregular a CCOO y UGT

Asegura en un auto que los sindicatos se beneficiaron durante una década de las comisiones ilegales

23.06.2013 | 21:21

­La juez Mercedes Alaya, la instructora del del caso de los ERE falsos, ha involucrado directamente a los sindicatos en la trama. En un auto redactado el martes, la magistrada escribe: «Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en referencia a las comisiones que recibían por los ERE en los que participaban] de financiación irregular».

Según alaya, las consultoras Uniter y Vitalia y el bufete Estudios Jurídicos Villasís –encargadas de mediar en los procesos de regulación de empleo financiados por la Junta– habrían pagado a estos sindicatos más de 7,6 millones de euros en comisiones. Alaya sostiene que UGT y CCOO recibirían «pagos periódicos» pero que «no responderían a ningún concepto definitivo y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara». La magistrada hizo estas consideraciones en el auto que dictó el martes para encarcelar al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, al que le impuso una fianza de 600.000 euros para obtener la libertad.
Mercedes Alaya interrogó ayer a Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, que aseguró que los sindicatos UGT y CCOO cobraban un porcentaje en cada expediente como «una auténtica medida de presión» pues en caso contrario amenazaban con no firmar los expedientes. En el texto de su declaración, Albarracín afirma que los sindicatos «se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan». Ese coste suponía un 0,5 % para UGT y un 0,5 % para CCOO, la empresa «le exigía a la mediadora que le pagase ese importe» y «no tenían más opción: o lo pagabas o no hacías la operación».

En Andalucía, la relación entre los directores generales de la Junta y los sindicatos era «enormemente fluida», recoge el acta de la declaración de Antonio Albarracín, aunque el imputado utilizó la palabra «compadreo». Albarracín afirmó que, cuando en sus correos electrónicos se refería a la necesidad de pagar a «los señores del Sur», se estaba refiriendo al exsindicalista Juan Lanzas, encarcelado desde marzo en la nueva fase de investigación sobre los ERE, centrada en las sobrecomisiones.

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