Litoral

Andalucía recurrirá la Ley de Costas ante el Constitucional

Junto con Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias, acudirá al alto tribunal ante del 30 de agosto

01.07.2013 | 20:59

Las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias presentarán antes del 30 de agosto en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

"Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Cataluña", ha anunciado el consejero de obras públicas, transporte y política territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda de prensa.

Berriel ha explicado que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y plantea algunas "retroactividades intolerables".

El representante canario ha señalado que, aunque las distintas administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, este lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos comunes y la línea argumental. Además, ha destacado que las comunidades autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos.

Al encuentro han asistido, comisionados por sus respectivos consejeros el secretario general técnico y el director general de ordenación del territorio y urbanismo de Cataluña; por parte del País Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de gestión y disciplina urbanística de Asturias.

Concretamente el consejero canario ha calificado de "mala" la Ley actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.

"No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio.

Asimismo, asegura que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", ha apostillado, al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen la ordenación del territorio y de la del litoral.

Por ello, a su juicio, la norma en cuestión "hace un ablación casi completa" al exigir que habrá dos años para que el Estado pueda decidir si un enclave debe ser urbano o no. En este sentido, ha dicho que Canarias ha preguntado sobre esta cuestión, recogida en la disposición adicional primera, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

"Hay varias invasiones competecenciales que no podemos dejar pasar por alto. Hay que preservar el modelo constitucional de respeto a las comunidades autónomas", ha defendido.

Finalmente, para el consejero esta ley va en contra del corazón del Estado para debilitar el reparto competencial y la descentralización. Berriel ha vaticinado que la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su derogación.

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