Agosto culminó con una sangría de beneficiarios de la Ley de Dependencia. A las cifras negativas en cuanto al número de beneficiarios que se han caído de este sistema, 1.914 personas en Andalucía, hay que sumar el «descalabro» que se ha producido entre los cuidadores familiares, que se han reducido en 1.257 personas en sólo un mes. Según el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, las comunidades que más habían desarrollado esta ley, caso de Andalucía, País Vasco y Castilla-León, «son las que más están sufriendo la asfixia de la financiación y el desmantelamiento de un sistema que está teniendo efectos devastadores», situación que, a su juicio, evidencia que el Gobierno «persigue generar un seguro privado de la Dependencia, pero para eso te tienes que cargar ante el derecho».

Tras analizar los datos oficiales publicados hace unos días por el Observatorio Estatal para la Dependencia, Ramírez afirmó que en agosto se quedaron por el camino 150 beneficiarios cada día. En total, el Sistema de Atención a la Dependencia perdió a nivel nacional 4.654 beneficiarios y 8.999 perdieron el derecho a ser atendidos.

A nivel andaluz, los datos apuntan a que septiembre ha empezado con 371 beneficiarios menos de una ayuda a domicilio, lo que se ha traducido en el despido de 124 auxiliares de hogar.

En cuanto a las residencias, la comunidad cuenta con 185 plazas menos. En todo el territorio nacional, agosto se ha cobrado 1.088 ayudas a domicilio y un total de 1.500 despidos.

En cuanto a prestaciones y servicios también las cifras continúan en caída: 242 plazas menos en los centros de día, 1.258 plazas residenciales y 2.488 prestaciones de cuidadores familiares.

José Manuel Ramírez aseguró que transcurrido un año desde la reforma de la Ley de Dependencia «por la vía del decretazo» de julio de 2012, los datos del pasado mes «consolidan la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y la trágica desatención a las personas en dependencia y a sus familias, por lo que se pregunta «si se están forzando las valoraciones y revalorizaciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan.