El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves explicó ayer que no se plantea acudir voluntariamente a declarar en el caso de los ERE al no saber ante quién debería hacerlo ni frente a qué acusación y cree que el auto de la juez Mercedes Alaya usa «arteramente» la palabra imputado. Chaves criticó ese auto en una rueda de prensa en el Congreso después de que la juez Alaya provocara con este escrito, según él, una situación de «indefensión» de las personas citadas, y, además, considera que era «absolutamente innecesario» porque no cambia nada jurídicamente.
«No hay imputación de nadie, no hay petición de imputación de nadie y no hay indicios de nadie», subrayó Chaves, quien al ser preguntado si pensaba renunciar a su escaño, como dijo José Blanco que haría en caso de ser imputado, respondió: «Yo, en este momento, no lo estoy y con eso me quedo».
Además, aseguró que este asunto y el caso Campeón (en el que Blanco fue investigado) son «absolutamente distintos». A diferencia de Blanco, Chaves no tiene previsto declarar de forma voluntaria ante la juez, quien en su auto dejó abierta la posibilidad de esa declaración por parte de los citados.
El expresidente andaluz no acusó directamente a Alaya de tener una intencionalidad política con este auto, pero sí dijo que provocó efectos políticos y mediáticos, aunque no quiso afirmar que fueran «buscados». Por este motivo no tiene intención de querellarse por prevaricación contra la juez.
Chaves consideró «raro» que precisamente se hiciera público el auto el mismo día en que tomaba posesión el nuevo Gobierno andaluz y que se conociera mediante una rueda de prensa del PP de Andalucía cuando el auto aún no estaba en manos de ninguna de las partes.
«¿Una causalidad? Posiblemente, pero demasiadas coincidencias», manifestó el expresidente. Aseguró no tener prevista ninguna estrategia de defensa porque no está imputado ni hay indicios de culpabilidad y, de hecho, explicó que no tiene ni siquiera abogado ni lo va a tener.
Desconoce, además, si otros citados en al auto de la magistrada, como el expresidente andaluz José Antonio Griñán, van a tener una línea de defensa.
El expresidente del PSOE recalcó que si él tuviera que declarar, lo tendría que hacer, como aforado, ante el Tribunal Supremo, ya que es el órgano judicial al que Alaya está obligada a remitir la causa si es que ve algún indicio de culpabilidad.
Chaves insistió en que el procedimiento de los ERE fue legal, aunque reconoció que quizás debió pasar mayores controles, pero subrayó que en ningún caso se puso en marcha para delinquir, sino para solucionar los problemas que padecía mucha gente en Andalucía debido a la persistencia de la crisis. En ese contexto, admitió que hubo una malversación de los fondos públicos en una «mínima parte pero que nadie en la Junta se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama».
La juez Alaya usó un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no tener que deshacerse del caso al ser los siete nuevos imputados aforados y, por consiguiente, tener que enviar el procedimiento al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ahora, éstos pueden declarar como querellados o denunciados si lo desean.
