Alaya imputa a Lozano dos delitos de prevaricación y malversación

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas durante un receso de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Lozano presuntos delitos de prevaricación y malversación. La declaración del ex alto cargo de la Junta ha registrarlo varios incidentes, entre los cuales la juez ha llegado a decirle que "si quiere declarar, declare, pero no haga teatro".

Lozano se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez que investiga los ERE falsos después de varios incidentes en los que la magistrada le acusó de "hacer teatro" y el abogado defensor denunció la vulneración de sus derechos.

Lozano solo ha respondido a ocho preguntas y ha negado que conociese las irregularidades ya que se trataban de gastos elaborados por las consejerías de la Junta y aprobados por el Parlamento andaluz, aunque ha reconocido que las transferencias de financiación -el instrumento utilizado para los pagos investigados- no podían destinarse a subvenciones.

Lozano se encuentra entre los treinta ex altos cargos de la Junta imputados en un caso que ya acumula 116 acusados y ha sido imputado de delitos de prevaricación y malversación durante los siete años (2002-2009) en que fue director general de Presupuestos.

El acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, recoge una serie de incidentes registrados entre Lozano y la juez Mercedes Alaya, que han comenzado cuando el imputado ha anunciado que se iba a acoger a su derecho a no declarar si era la juez quien dictaba al funcionario judicial sus respuestas.

Alaya accedió entonces a que fuera Lozano quien dictase las respuestas, pero apenas unos minutos después la juez advirtió al abogado del ex alto cargo que "no interrumpiese el interrogatorio" y poco después que "dejase de tocarle la chaqueta y que juegue limpio", a la vez que le pedía que separasen sus sillas.

Entonces el defensor de Lozano, José María Mohedano, comenzó a desplazar su silla por tramos cortos hasta que fue del gusto de la magistrada, pero en la siguiente pregunta volvió a tomar la palabra para reprochar a Alaya que estaba "reconviniéndole sistemáticamente" e interrumpiendo su declaración.

Fue entonces cuando Alaya ha dicho a Lozano que con las referencias a la merma de sus garantías "estaba haciendo teatro, pero estaba en su derecho a hacerlo", momento en el que el imputado ha anunciado que a partir de ese momento se acogía a su derecho a no declarar.

Otra discrepancia se ha producido cuando Alaya ha anunciado que no podía acceder a la petición de la defensa de grabar las comparecencias porque ello "aumentaría la expectación mediática, al poder disponer los medios de comunicación de la grabación de la declaración".

Alaya ha imputado a Lozano haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros", la inclusión de las transferencias de financiación, "vulnerando de manera evidente" la ley que establece que solo podían destinarse a equilibrar cuentas de pérdidas o enjuagar pérdidas de ejercicios anteriores.

Con ello se incumplía "flagrantemente la Ley General de Subvenciones", que obliga que estas ayudas se publiquen, se acompañen de documentación acreditativa y finalmente se concedan mediante "resolución motivada".

Además, esta "partida inadecuada" eludía la fiscalización de la Intervención General de la Junta y evitaba "el control de legalidad", según el acta.

Al término de la breve declaración, el fiscal no ha pedido medidas cautelares personales ni reales contra Lozano, pero la acusación particular que ejercen el PP y Manos Limpias han solicitado una fianza de responsabilidad civil de 76 millones de euros, sobre lo que la juez se pronunciará más adelante.

Dicha cantidad equivale a los 57 millones de euros a que ascienden las modificaciones presupuestarias que Alaya le imputa, con el incremento legal correspondiente.