Sanidad

Andalucía no aplicará el copago farmacéutico que entra hoy en vigor

En la región, 90.000 pacientes tendrían que asumir el gasto para afrontar su enfermedad

01.10.2013 | 05:00

La Junta de Andalucía presentó ayer un recurso de alzada contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias y anunció que la medida no se aplicará en la comunidad «por tener más costes que beneficios económicos» y por ser «una nueva penalización» por la que 90.000 pacientes tendrían que asumir el gasto para afrontar su enfermedad.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales indicó en un comunicado que el documento, que se ha entregado en la Delegación del Gobierno en Andalucía recoge que la medida supone más costes que beneficios y «pone en riesgo la salud de los pacientes», porque podrían renunciar a sus tratamientos «por no poder hacer frente al pago del mismo establecido por el Gobierno».

Además, se suma el hecho de que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, declaró que «no pueden medirse en la misma balanza costes económicos y salud» y que esta medida representará «un obstáculo» para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes. La petición de Andalucía para retirar esta medida se traslada hoy a la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial.

La media no entra en vigor hoy en todas las comunidades autónomas, ya que más de la mitad de ellas, por diferentes motivos, han anunciado que no van a aplicarla. El copago afecta a un grupo de fármacos (43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes) destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que deberán abonar un 10 por ciento, con un tope de 4,20 euros. El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.

Algunas comunidades alegan problemas de infraestructura mientras que Andalucía y Canarias se oponen directamente.

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