Caso de los ERE

Alaya mantiene la imputación a Magdalena Álvarez por prevaricación y malversación

La exconsejera defiende ante la juez que su gestión fue "transparente y clara" y responsabiliza de posibles anomalías a la Consejería de Empleo

09.10.2013 | 05:00

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, mantuvo ayer la imputación por prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez al considerar que fue clave en la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas sociolaborales (las transferencias de financiación), un sistema que la juez considera ilegal.

De hecho, la juez en su auto de julio anunciaba un «paso cualitativo» en la instrucción del caso con la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Con ese auto, Alaya quería determinar la participación en los hechos investigados de otras personas que, «en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación» y mencionó expresamente a Magdalena Álvarez, aludiendo a que se trata de «la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de fecha 4 de junio de 2003».

Álvarez, cuya comparecencia se prolongó durante más de tres horas, declaró que la aplicación de las transferencias de financiación son una adaptación de una normativa del Estado que otras comunidades también la aplican, que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz «nunca» planteó dotar al sistema de más agilidad.

Aún así, la juez Alaya le imputó haber sido «en connivencia con otros, una de las promotoras del procedimiento ilegal de ayudas sociolaborales» que la Junta mantuvo entre 2000 y 2011. Según la juez, con el objetivo de dar mayor agilidad a las ayudas, la Junta instauró un sistema para eludir la fiscalización previa que llevó a un «uso ilegal de fondos públicos», que se otorgaban «con absoluta discrecionalidad, de forma opaca» e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación.

A diferencia de la tensión que se ha producido en las comparecencias de otros ex altos cargos de la Junta, abogados personados señalaron que la de Álvarez fue muy correcta, la juez se dirigió a ella como «señora Magdalena Álvarez» y ella le respondió a Alaya como «señoría».

Álvarez, según consta en su acta de su declaración a la que tuvo acceso Efe, dijo que «nunca» conoció los reparos que la Intervención ponía a las ayudas «ni lo escuchó indirectamente». Tampoco se trató en el Consejo de Gobierno, no se plantearon dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones ni se sintieron «presionados» por los sindicatos ante la crisis de importantes empresas, aseguró la exconsejera. Defendió que en la época en la que estuvo como consejera de Economía su gestión fue «transparente y clara» y no tuvo ningún conocimiento de las irregularidades que supuestamente se producían.

Álvarez aclaró que el sistema utilizado, las llamadas transferencias de financiación a las agencias andaluzas IFA e IDEA, fue una trasposición de la legislación estatal que ya venía utilizándose bajo la denominación de subvenciones de explotación en los años 90. Además, en contra de lo declarado por otros imputados como el exinterventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y el exdirector de Presupuestos Buenaventura Lozano, Álvarez aseguró a la juez que las transferencias de financiación sí que podrían destinarse a «un fin concreto y específico como son las subvenciones».

Pese a estar aquejada por un dolor de muelas, Álvarez extendió en una mesa del juzgado gran cantidad de leyes y textos y entabló con la juez Alaya una discusión muy técnica de Derecho Administrativo, según los citados letrados.

La exconsejera entiende que ha podido haber «un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada». Culpó de las posibles anomalías a la Consejería de Empleo, responsable de cumplir los requisitos de las subvenciones y de someterse a fiscalización, y afirmó que las modificaciones presupuestarias «cumplían todos los requisitos de acuerdo con la Intervención, la Cámara de Cuentas y la Cuenta General».

Alaya le imputó haber recurrido a la «complejidad del lenguaje presupuestario, solo accesible a expertos» para eludir el control parlamentario, a lo que Álvarez respondió que «todo lo contrario», pues hoy el día los diputados están «absolutamente especializados en materia presupuestaria» e incluso el Parlamento andaluz dispone de una oficina especializada.

Al término de su declaración, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta o el PP pidieron medidas cautelares contra ella y solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación, solicitó una fianza civil de 125 millones de euros más el tercio legal, algo sobre lo que la juez se pronunciará en los próximos días.

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