Caso de los ERE

Alaya impone sendas fianzas civiles a las ´intrusas´ de Hitemasa

La magistrada imputa a Nieves Ruiz y Josefa Martínez Elvira delitos de malversación y tráfico de influencias

18.10.2013 | 15:16

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez imputa sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Cabe recordar que Juan Antonio Florido compareció este pasado miércoles ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y se limitó a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles', tras lo que quedó en libertad provisional.

En un auto dictado el mismo día de la comparecencia, consultado por Europa Press, la instructora atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción e impone a Florido una fianza civil de 353.353,96 euros y la obligación "absoluta" de salir de España, para lo cual acuerda que entregue el pasaporte, así como la obligación de comparecer dos veces al meses ante el juzgado.

Esta cantidad proviene de las cantidades "finalmente" percibidas por el imputado derivadas de las pólizas de rentas suscritas, es decir, 221.543,29 euros de la póliza colectiva suscrita con la empresa Hytasal, y 43.472,18 euros correspondientes a las rentas percibidas de las tres pólizas individuales de las que resultó beneficiario, lo que hace un total de 265.015,47 euros, a lo que le suma el tercio legal previsto.

Alaya imputa a Florido haber mantenido una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".

De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".

Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas --la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más--", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.

Así, "la retribución por la labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical, beneficiando a Vitalia, habría sido por tanto remunerada mediante la formalización" de estas pólizas, considera la magistrada.

De igual modo, la juez ha dictado otros dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que impone una fianza civil de 151.192,99 euros a Nieves Ruiz Pérez, y de 30.000 euros a Josefa Martínez Elvira, ambas 'intrusas' en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa y esposas de sindicalistas de UGT-A.

Estas dos 'intrusas', a las que la juez imputa delitos de malversación y tráfico de influencias, comparecieron el pasado miércoles ante la juez instructora y aseguraron que pensaban que estaban cobrando las indemnizaciones por los despidos de sus maridos.

Respecto a Josefa Martínez Elvira, la juez le impone la fianza civil de 30.000 euros tras tener en cuenta que la imputada ha reintegrado las cantidades reclamadas por la Junta y que fueron cobradas de manera indebida.

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