Educación

La Junta pide la convocatoria de una comisión del Senado para analizar la LOMCE

El Gobierno andaluz la considera un golpe frontal al Estatuto, al reducir las competencias de las comunidades

22.10.2013 | 14:28

La Junta de Andalucía ha decidido solicitar la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado con el objetivo de "profundizar en el debate" del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) al contar con el "rechazo unánime" de la comunidad educativa y de los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados.

     Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, durante la que ha explicado que el objetivo de la Junta con esta convocatoria es trasladar al Ejecutivo central que aún está "a tiempo" de paralizar el proyecto de Ley para "buscar el consenso" en un asunto "tan trascendental y de Estado como es la educación".

     En opinión de la Junta, el actual texto de la Lomce "altera el marco competencial vigente hace más de 30 años al ampliar las competencias del Estado y reducir drásticamente las de las comunidades autónomas", de forma que "golpea frontalmente contra el Estatuto andaluz", en concreto contra los artículos 21 y 52 "afectando a derechos y competencias vinculados a la garantía del principio de igualdad o a la evaluación educativa".

     Vázquez ha explicado que, en paralelo a la solicitud de este debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, la Consejería de Educación analiza el texto que ha llegado a la Cámara Alta para determinar si incluye "artículos contrarios a la Constitución" y, en caso de ser definitivamente aprobados, "interponer recurso al Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar derechos fundamentales".

     Junto a ello, el portavoz ha criticado que el actual texto de la LOMCE presenta un "sesgo ideológico claro, muy conservador, que retrocede a tiempos muy oscuros y apuesta por un concepto mercantilista de la educación al apostar por la privada en el detrimento de la pública y primar de manera desorbitada la competitividad entre los centros en perjuicio de los más desfavorecidos".

     A su juicio, la norma que promueve el Gobierno del PP plantea un modelo educativo "sin consenso que supone una ruptura con criterios de equidad y calidad", por lo que la Junta "va a exprimir al máximo los márgenes" que tiene como comunidad autónoma "para mantener un sistema que vele por la igualdad" y paliar los "efectos nocivos" de la reforma.

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