La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo ayer que si el Gobierno andaluz aplica y mantiene en 2014 las medidas relativas al complemento adicional a las pagas extra de los funcionarios de la comunidad es para «salvar 30.000 empleos públicos que, a causa de la decisión del Gobierno de España, habrían salido a la calle».

Así lo manifestó en el transcurso de la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento andaluz, donde el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, le preguntó por las medidas previstas para reducir el gasto en la Junta y le acusó de mentir en esta Cámara por haber dicho que no iba a haber recortes a los funcionarios mientras que ahora «los va a dejar sin paga extra».

Díaz le advirtió de que, al igual que en la lucha contra la corrupción, tampoco le va a ganar «en la defensa de lo público», principalmente, según dijo, porque el PP-A «no defiende los servicios públicos ni tan siquiera a los empleados».

En ese sentido, confesó que le cuesta entender cómo el líder de la oposición «ataca aquí una medida aplicada, por cierto, desde el año pasado» cuando su partido va a aplicar la misma en Murcia, la Comunidad Valenciana y Galicia. «Y aquí no va a haber medidas adicionales, y usted lo sabe. Y si tenemos que aplicar esas medidas es para salvar 30.000 empleos públicos que, a causa de la decisión del Gobierno de España, se habrían perdido», apostilló.

Zoido le contestó reclamándole «una reforma urgente del sector público para evitar el despilfarro de la administración paralela» y advirtiéndole de que en Andalucía existen 350 entes instrumentales, es decir, diez veces más que en La Rioja, cuatro veces más que en Extremadura o un 66% más que en la Comunidad de Madrid.

A estos datos Zoido añadió «otra nota» como que, desde 2008 hasta hoy, la deuda financiera de las empresas públicas andaluzas se ha multiplicado por cuatro y se ha pasado de un déficit de 195 millones de euros a uno de 713. «518 millones de euros más, ¿cómo lo piensa resolver señora presidenta?», le espetó a la presidenta.

Díaz le exigió que no haga «batiburrillos» con las cifras y que, ante todo, tenga en cuenta criterios como la población y el presupuesto de las comunidades que ha nombrado. Así, dijo que, según los datos del Ministerio de Hacienda, «Andalucía es la segunda comunidad autónoma que necesita menos recursos para atender sus competencias o, lo que es lo mismo, que es la segunda más eficiente» de toda España.