­Lo de vapear en cualquier lugar tiene las horas contadas. A la espera de conocer los efectos que tienen para la salud, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han acordado prohibir el uso de los cigarrillos electrónicos en centros educativos y zonas infantiles, en los centros sanitarios, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención a los usuarios. Esta postura común persigue priorizar la protección de los menores, para los que ya se encuentra prohibida la publicidad y el consumo. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que aplicará esta prohibición a principios del próximo año.

Tras el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que va a pedir a los grupos parlamentarios que incluyan la prohibición en colegios, hospitales y transporte público en alguna de las normas que actualmente se están tramitando al objeto de que la medida pueda entrar en vigor en enero. Para ello, explicó, es necesario que la limitación se haga por ley, si bien para una regulación más amplia de esta prohibición (similar a la que establece la actual ley antitabaco, respecto a los lugares públicos cerrados) habrá que esperar a que se pronuncien los parlamentarios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «no se pueden excluir los riesgos para la salud de la exposición al vapor de estos productos», por lo que, mientras llega una regulación a nivel europeo, se ha acordado «proteger la salud de los ciudadanos y evitar posibles efectos secundarios», dando prioridad a los menores.

Además del respaldo de las comunidades autónomas, la limitación de vapear fue apoyada tanto por el colectivo de médicos, como por el propio sector, pero con argumentaciones diferentes.

Así, el presidente de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico, Manuel Muñoz, aseguró que comparte «por sentido común» la prohibición en los colegios, hospitales y centros de salud, si bien una «regulación más estricta», como sería extenderla a los bares y restaurantes, supondría un «duro golpe» a un sector en auge que tiene 2.600 puestos de trabajo directos y que maneja un volumen de facturación de 18 millones de euros.

Más beligerante se mostró el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez, quien sí reclamó una «regulación drástica» porque considera que los cigarrillos electrónicos son «una trampa peligrosa y engañosa». En su opinión, «no podemos justificar excepciones con el cigarrillo electrónico sobre las regulación del consumo de tabaco, ni en los espacios, ni en las prohibiciones. Crear condiciones especiales para su consumo, que es igual de tóxico que el tabaco, no se puede tolerar».

Para el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que lleva meses reclamando que se regule este tema, esta prohibición inicial supone un avance importante. Recuerdan que el cigarrillo electrónico «contiene nicotina» y que con su consumo se corre el riesgo de que «se perpetúe la presencia del tabaco». Piden que una futura normativa aborde la venta a menores y la regulación del contenido del producto.