La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer fianzas civiles de 584.000 y 58.000 euros a dos imputados por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos, donde se incluyeron dos intrusos que no tenían derecho.
Fuentes del caso informaron a los periodistas de que Anticorrupción solicitó a la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, 584.000 euros de fianza para José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa por CCOO, cantidad que equivale a las primas pagadas por la Junta de Andalucía más el tercio legal.
La Fiscalía, al igual que en el caso de otros sindicalistas que intervinieron en la negociación de los ERE, solicitó que se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación de Comercio de CCOO.
Para Miguel Rodríguez Ortega, director del Hotel Cervantes, Anticorrupción solicitó una fianza civil de 58.000 euros y ninguna para Antonio Isla Barba, miembro del departamento financiero de Hotasa, la división hotelera del grupo Nueva Rumasa que era propietaria del hotel.
Para ayer estaba citado un cuarto imputado identificado por error como Rafael Isla que finalmente ha resultado ser Antonio Isla Mingorance, padre de Isla Barba, que también trabajó en Hotasa y que ha quedado citado para más adelante.
Fuentes del caso informaron a Efe de que Cabrera se acogió a su derecho a no declarar y Miguel Rodríguez afirmó que las decisiones las tomaba Carlos Miranda Bacciarini, director de la división hotelera de Nueva Rumasa, que será citado a declarar en las próximas semanas.
En cuanto a Isla, declaró a la juez que cada hotel del grupo tenía su autonomía y que el departamento financiero de Hotasa era el único que no estaba situado en Madrid sino en Málaga pero se debía simplemente a que allí vivían sus tres componentes.
Declaró que él solo estuvo en algunas reuniones sobre el ERE pero lo hizo acompañando a sus superiores y que él carecía de capacidad de decisión, tratando de exculparse.
