Los sindicatos CSIF y ANPE exigen a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que aplique la condición de autoridad pública del profesorado que recoge la LOMCE en su artículo 124.3. «Este reconocimiento a los miembros del equipo directivo y a los profesores mejorará la convivencia en los centros educativos y tendrá un efecto disuasorio en la lucha contra las agresiones a los docentes, ya que tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad», explican. De hecho, reconocen que «una de las pocas aportaciones realmente positivas de la recién estrenada ley al sistema educativo es el reconocimiento de la autoridad del profesorado».
Según señalan estos sindicatos, es fundamental que se preserven tanto los derechos del profesorado a impartir docencia con todas las garantías, como el derecho a la educación de los alumnos, «que se ven perturbados por las faltas de convivencia que se producen a diario en los centros educativos».
Señalan que la Junta ha contemplado de modo «disperso» la normativa, pero «se ha negado a reunir estas medidas en una ley».
