La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar para el próximo 7 de febrero a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, imputado en la causa desde comienzos de 2011 y a quien considera «portillo de entrada» de las subvenciones irregulares.
Fuentes del caso informaron a los periodistas de que la juez ha citado también para el 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado que analizaron las ayudas y concluyeron que los consejeros andaluces de Economía entre 2000 y 2009 no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades.
Rivas está imputado en la causa de los ERE desde enero de 2011, al comienzo de la investigación, junto al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y su abogado ha denunciado en diversos escritos el tiempo transcurrido desde su imputación sin haber tenido ocasión de comparecer ante la juez, lo que considera «inadmisible en un Estado de derecho». Según su abogado, Jon Ander Sánchez, las afirmaciones de la juez sobre el «papel activo» de Rivas en los ERE no están «probadas ni acreditadas, ni siquiera indiciariamente», por lo que se trata «de meras conjeturas o suposiciones».
La juez, por su parte, afirma en sus autos de imputación que Rivas era «el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado producido desde la Administración autonómica».
Según Alaya, Rivas «asumió ante los empresarios compromisos de ayudas públicas sabiendo que éstas se otorgaban con absoluto desprecio al derecho, al margen del procedimiento de subvenciones y del control de la Intervención de la Junta».
Rivas está imputado por autorizar el ERE de Mercasevilla y la inclusión de varios «intrusos» en otras pólizas.
