La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, defendió ayer que el nuevo modelo de financiación autonómica «blinde un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales», de manera que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos ante la educación, la salud o los servicios sociales con independencia del lugar en el que vivan. Asimismo, anunció que la Junta tiene en marcha reclamaciones al Ministerio de Hacienda «por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios por importe de 5.865 millones de euros».
