En pleno aniversario de la barrabasada de Atocha, y con el recuerdo del horror todavía en primer plano, la Junta de Andalucía presentó ayer el borrador de la nueva ley que regulará todo lo referente al tratamiento y protección de las miles de víctimas que dejaron a su curso la Guerra Civil y la represión franquista. Una normativa que, en su primer bosquejo, supera en ambición al marco de Memoria Histórica aprobado por Zapatero en 2007 y que establece cuantiosas multas para los ayuntamientos que se inhiban en la retirada de los símbolos franquistas, además de abrir la posibilidad a la expropiación temporal de aquellos terrenos cuyos propietarios se nieguen a ceder para que se practiquen las exhumaciones.
El futuro articulado, responde al cumplimiento del pacto original de gobierno entre el PSOE e IU y cuenta con el aval de las Naciones Unidas, que últimamente han reconvenido públicamente a España por su falta de cercanía con los familiares de los desaparecidos. Entre las novedades introducidas por el proyecto, destaca el apartado sancionador, que, al contrario que la ley de Zapatero, ni siquiera exonera de la obligación frente a aquellos vestigios que puedan considerarse excepcionalmente como patrimoniales o artísticos.
La norma, que será presumiblemente aprobada en junio, fija un plazo de dieciocho meses para limpiar del espacio público cualquier tipo de expresión elogiosa o condescendiente hacia el franquismo. Y propone una multa por expediente de hasta 10.000 euros, lo que en el caso de ciudades como Málaga, donde el edil del PSOE Sergio Brenes calcula que quedan alrededor de un centenar de referencias sin retirar, podría dar lugar a sumas verdaderamente exorbitantes.
Precisamente, éste fue uno de los puntos en los que naufragó la normativa de Zapatero, que no previó ningún tipo de recurso para garantizar la imposición de las sanciones. En el Ayuntamiento de Málaga se creó una comisión para cumplir con la exigencia. No obstante, el grado de ejecución todavía es muy superficial, con el cambio de nombre para las calles Franco y Mola, respectivamente, y la retirada de la placa de los jardines de Pedro Luis Alonso como principales ejemplos.
La ley que prepara la Junta extiende también las multas a otro tipo de supuestos como son el deterioro de fosas o la construcción en terrenos designados con el título de lugar de la memoria -Málaga cuenta, de momento con dos, el antiguo cementerio de San Rafael y el Peñón del Cuervo-. En estos casos, entre los que también se incluye la omisión del hallazgo de restos, las sanciones oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros.
En cuanto las expropiaciones, el propio Brenes interpreta que no se trata de un recurso a aplicar sistemáticamente y de forma ilimitada, sino una manera de ampliar la protección frente a negativas particulares. En la práctica, señala, es poco probable que alguien se niegue a que un equipo técnico examine una fosa. La Junta, sin embargo, intenta con esta cláusula garantizar la continuidad de los trabajos incluso en los puntos en los que puntualmente pudieran darse obstáculos legales.
El texto exhorta asimismo a las instituciones andaluzas a aplicar sus competencias para evitar la celebración de actos públicos que comporten menoscabo o humillación para las víctimas, entre los que se citan exaltaciones recurrentes como las del 20 de noviembre, día de la muerte del dictador Franco.
El anteproyecto de la Junta, que parte con un presupuesto exiguo, de 800.000 €, pero pendiente de futuras ampliaciones, se ocupa además de reforzar la cobertura en las investigaciones que tienen por objeto la recuperación de restos o la localización de fosas. El borrador amplía el catálogo de víctimas -que ya incluía a exiliados y maquis- a niños robados, homosexuales, mujeres vejadas y víctimas de los campos de exterminio nazi. En su redacción, el texto compromete a la administración andaluza a revisar cada cuatro años su inventario de tumbas anónimas. En la actualidad se calcula que hay en Andalucía 40.000 fusilados cuyo paradero se desconoce. Los últimos trabajos de la Junta cifraron en 614 el número de fosas, 76 de ellas en Málaga.
Otras de las iniciativas incluidas en el articulado son la creación de un banco de ADN con muestras genéticas de familiares y asesinados; la adopción de medidas encaminadas a recuperar el patrimonio documental y la introducción de la Memoria Histórica en la educación obligatoria, donde, según la Junta, se revisarán los manuales para impedir que se transmita una visión de la época poco rigurosa.
Hasta el momento, en Málaga han sido exhumados los restos de casi 3.000 personas. La mayoría durante la investigación en el antiguo cementerio de San Rafael, el mayor campo de exterminio del franquismo, pero también en puntos como Teba, Alfarnatejo o Villanueva de Cauche. Nada más que en Ronda se calcula que hay 1.600 personas en una fosa localizada en el cementerio.
