La imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE irregulares de Andalucía volvió a levantar ayer una nueva tormenta política. En esta ocasión, a cuenta de la fianza civil impuesta por parte de la juez Mercedes Alaya, que se eleva a 29,5 millones de euros. Mientras el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en el que la exministra y exconsejera ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta, apelaba al principio de presunción de inocencia, PSOE y PP se enzarzaron en un cruce de declaraciones completamente contrapuestas; los populares atizando a Álvarez y los socialistas saliendo en bloque en su defensa.

Desde que se conoció el establecimiento de la fianza todas las miradas apuntaban al movimiento del BEI, que, en sus primera intervención al respecto, mostró su respeto por el principio de presunción de inocencia. Eso sí, fuentes del organismo reconocieron que la institución está en contacto «estrecho y constante» con las autoridades gubernamentales españoles para conocer el caso «de cerca».

El PP, en cambio, tuvo menos paciencia a la hora de evaluar la petición judicial. Los populares, a través de su portavoz parlamentario, Carlos Rojas, la emprendieron también contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por la reacción de algunos miembros del PSOE, que, según dijo, están atacando a la juez Mercedes Alaya e intentando «acorralar» sus decisiones judiciales. «Da la sensación de que es la propia Díaz la que está mandando a sus portavoces políticos para que acosen a la juez. Nos parece una actitud inaceptable por parte de un gobierno», resaltó.

Rojas calificó el paso adelante del PSOE como «gravísimo» y aseguró que el caso deja a Susana Díaz en una situación muy delicada «porque sabe que está aquí por los ERE pero también que puede dejar de ser presidenta por el mismo asunto».

Pese a las declaraciones del portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, quien apostó por tener paciencia, otros miembros del PP abogaron directamente por recomendar a Álvarez que abandone su puesto en el BEI. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, aseguró que él no permitiría en su Gobierno un miembro con una petición de fianza civil «multimillonaria», como la que le ha sido impuesta a Magdalena Álvarez. En esta misma línea argumental se pronunciaron también portavoces de partidos como el diputado de ERC, Joan Tardà, quien aseveró que la exministra socialista debería dejar su cargo si en política no prevaleciese el «cinismo» y la «hipocresía».

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, por su parte, no duda en que Magdalena Álvarez tiene que trabajar en su defensa, pero, en su opinión, tiene que hacerlo fuera del BEI porque desde dentro hace «un daño al sistema democrático, a la imagen de España y a la institución»

El PSOE, sin embargo, considera «un despropósito» el auto de la juez y alerta de que hay errores jurídicos que «rayan en la prevaricación», ya que la fianza ha sido impuesta a pesar de que el cargo está recurrido. La portavoz socialista Soraya Rodríguez ve «sorprendente» la decisión, tanto por la elevada cuantía de la fianza fijada, como por la fase en la que se encuentra la causa. Rodríguez recordó ayer que Álvarez «ya fue desimputada una vez» en el caso. La cantidad establecida para Magdalena Álvarez también le resulta «excesiva» a José Antonio Castro, portavoz de IU, que, no obstante, pide que se deje actuar a la justicia.