El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, trasladó ayer a una representación de la Federación Democrática de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Málaga (Fdapa) que «comparte su preocupación» por los «efectos negativos» que puede tener la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sobre el alumnado. Así, les expuso alternativas para minimizar el «impacto» de la normativa sobre los estudiantes.

La puesta en marcha de la nueva Formación Profesional Básica va a suponer, reiteró, «una disminución de la oferta respecto a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)», además de convertirse en una «vía muerta que no conduce a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria». Alonso alertó también de que su aplicación no cuenta con la necesaria financiación por parte del Gobierno central, por lo que «no debería denominarse FP Básica, sino la FP de las incertidumbres: sin normativa, sin recursos, sin tiempo y con una reducción de la oferta».

«Este modelo no supone ningún avance respecto a los PCPI que proporcionan la titulación secundaria y un certificado de profesionalidad, mientras que el alumnado que curse FP Básica tendrá que realizar una reválida en desventaja puesto que no va a recibir formación para ella».

Para el titular de Educación de la Junta, la primera promoción «tendrá que perder un año para poder examinarse por la implantación precipitada de la ley». En este punto, criticó que el Ministerio «desprecie la importancia de la contribución de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas devaluando los consejos escolares que son el máximo órgano de participación democrática en los centros educativos».

En este punto, transmitió a la Fdapa la «firme voluntad» del Gobierno andaluz de «impedir la segregación del alumnado y garantizar la equidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades». Según Alonso, en Andalucía 7.500 alumnos no han sido expulsados del sistema educativo por los recortes del Gobierno central en materia de ayudas al estudio gracias a la Beca Adriano.

Por su parte, la Fdapa entregó a Alonso un decálogo de propuestas para combatir la implantación de la LOMCE en Andalucía. Este documento, que surge de una labor de estudio intensa durante los últimos meses y que tomó forma el pasado fin de semana en unas jornadas de trabajo, tiene como objetivo conseguir que la nueva ley educativa no dañe al alumnado andaluz, informó el colectivo.