El PP-A solicitará en el Parlamento que se constituya una comisión de investigación sobre el realojo provisional de las familias de la corrala Utopía, una decisión que la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha justificado en la "urgencia social" de muchas de estas personas.
La titular de Fomento ha fijado en estos términos la posición del Gobierno andaluz de coalición, al que le costó su primera crisis y un amago de ruptura el realojo transitorio de estas familias, además de la retirada y posterior restitución de las competencias a la consejera por sendos decretos firmados por la presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz.
Elena Cortés ha explicado en el pleno del Parlamento que "debíamos" hacer un realojo provisional que "no atenta" contra el resto de demandantes porque estaba justificada la "urgencia social", es decir la situación de exclusión social con menores de unas ocho familias de la corrala.
"La actuación ha sido legal y justa, acorde con un auto judicial", ha indicado Cortés, que ha acusado a la Delegación del Gobierno en Andalucía de ordenar el desalojo de estas familias cuando había un "principio de acuerdo" entre Fomento e Ibercaja, la propietaria del edificio desalojado" supervisado por el Defensor del Pueblo Andaluz.
La Consejería se enteró del desalojo por la veintena de familias que llevaban en el edificio dos años "sin luz y sin agua", ha destacado la dirigente de IU, que ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a "cumplir" la ley y evaluar a las otras nueve familias de la corrala.
Con la "ausencia" de Susana Díaz en el debate, Elena Cortés ha hecho una breve mención a la crisis de Gobierno al exponer que las "discrepancias quedaron resueltas" con la restitución de las competencia a Fomento y Vivienda.
"El proceso ha sido con luz y taquígrafos, el problema es que al PP le pone enfermo que este gobierno gestione y dé soluciones a la mayoría social", ha enfatizado.
Lejos de convencer al principal partido de la oposición, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, ha sostenido que Cortés debería haber sido cesada desde el "minuto uno" y ha anunciado que pedirá en la Cámara que se constituya una comisión de investigación sobre la tramitación del realojo.
"El Gobierno andaluz ha pisoteado el principio de legalidad en beneficio de los de su cuerda política", ha denunciado Rojas, que ha responsabilizado de la situación a la presidenta Susana Díaz por "avalar la ilegalidad" y firmar decretos de "ida y vuelta" en el que "perdió la memoria y dio su aceptación a un trato de favor".
Además de defender al alcalde de Sevilla por "velar por la legalidad", el portavoz ha reprochado a la consejera que base el derecho a la vivienda en la "patada en la puerta" y ha calificado de "falso" que el desalojo de las familias lo decretase la Delegación del Gobierno de Andalucía.
Enrique Benítez (PSOE) ha cuestionado la política de vivienda del Gobierno del PP, frente al "éxito" de las medidas puestas en marcha por la Junta, dando soluciones -dijo- a los que pierden el empleo.
El socialista se ha preguntado si el Gobierno del PP está de "parte de las familias o de las grandes fortunas de este país".
También ha considerado que la "clave" de este asunto fue la decisión de la Delegación del Gobierno de Andalucía de proceder al desalojo cuando el problema estaba "a punto de resolverse", por lo que acusó al Ejecutivo central de "dinamitar" el principio de acuerdo.
