La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha aplazado hasta el 5 de junio a las 10.00 horas la declaración del presidente de Unicaja, Braulio Medel, cuya comparecencia estaba prevista en un principio para mañana miércoles. La magistrada aceptó en un auto emitido ayer la solicitud de Medel, que argumentó «razones personales», para lo cual además aportó justificación documental. En ese mismo auto, Alaya asegura que la instrucción de la causa está «en la recta final» y destaca, por ello, la «importancia» de «mantener la continencia de la causa».
El auto de Alaya coincidió con el primer día de la toma de declaraciones de los imputados del Consejo Rector de la Agencia IDEA. El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se acogieron ayer a su derecho a no declarar sobre los ERE, trama en la que ya están imputados en su rama central. La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ellos en este caso medidas personales ni civiles.
En su escrito de ayer, la magistrada rechaza la petición del fiscal de suspender las 25 declaraciones de nuevos imputados fijadas para esta semana y de dividir la causa de los ERE en piezas -una por cada ayuda investigada- y lo hizo alegando «la importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa».
Alaya explicó que ha hecho un «intenso estudio» de 32 actas del Consejo Rector de IFA e IDEA y considera que no está concluida la pieza del llamado «procedimiento específico», que debe investigar la rama política de las ayudas. «Precisamente dentro de este procedimiento estaría incardinada la actuación de los imputados como integrantes del Consejo Rector y quienes, como tales, actuarían como una pieza más del engranaje con el fin de dar apariencia de legalidad al pago de las subvenciones al margen del procedimiento establecido y con las consecuencias tantas veces repetidas en resoluciones anteriores», dice.
Un cuarto imputado citado ayer, el exdirector del IFA Francisco Mencía, aportó un certificado médico y su declaración será el jueves, mientras que su sucesor, Miguel Ángel Serrano, que ocupó el cargo entre 2004 y 2008, también se acogió a su derecho a no declarar.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Serrano una fianza civil de 26.036.437 euros, equivalente al 5% de los 391.525.378 euros a que ascendieron las transferencias al IFA entre 2004 y 2008, incrementado en los porcentajes legales. Serrano entregó un escrito en el que denuncia que los hechos presuntamente delictivos que le imputa la juez se basan en su declaración prestada en calidad de testigo, una declaración -sostiene- «por la que no se me puede incriminar como imputado, pues no ha sido prestada con las debidas garantías constitucionales».
El imputado, además, no ratificó ninguno de los extremos manifestados ante la Guardia Civil porque su comparecencia duró 4 horas y 15 minutos y lo que declaró «fue bastante más extenso de lo que figura» en los once folios recogidos por los investigadores. Alaya imputó a este ex alto cargo el «uso inadecuado» de las llamadas transferencias de financiación, que debían destinarse a la actividad genérica del IFA.
