Era una de las promesas del Ejecutivo de Susana Díaz y este martes se hizo efectiva. El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el decreto de Inclusión Social, dotado con casi 158 millones de euros y que beneficiará a unos 160.000 andaluces -10.000 más que el anterior-, y que incluye como novedad la vinculación del salario social al empleo, con subvenciones a la contratación.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, señaló que este decreto modifica el anterior para hacerlo más «efectivo». La nueva norma consta de tres programas: Plan de Inclusión a través del Empleo, Plan Extraordinario de Solidaridad y Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.

Este cuenta con un presupuesto de 42 millones de euros y recoge un programa extraordinario de ayudas a la contratación a través de los ayuntamientos, que se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y 3 meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad de que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral, de forma que podrán ser contratados por empresas de economía social, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador.

Por su parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Asimismo, el decreto ley aprobado amplía de 1,4 millones a 5,9 la dotación de las Ayudas Económicas Familiares.

Pero sin duda, la medida más llamativa vuelve a ser la del Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Esta iniciativa garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación y estará dotado con 11 millones de euros en 2014. La Junta prevé que este año sean más de 20.000 escolares los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos en verano. Además, los mayores se beneficiarán del refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa.