La Guardia Civil detuvo a catorce personas en la operación desarrollada ayer por las presuntas facturas falsas presentadas por UGT-A para justificar los fondos para formación recibidos de la Junta, entre ellos el exvicesecretario de Administración de este sindicato en Andalucía Federico Fresneda.
Fuentes del caso informaron a Efe de que se practicaron además seis registros, cuatro de ellos en tres empresas de Sevilla y en el domicilio particular de Fresneda, quien fue detenido en Tenerife, donde estaba de vacaciones, por lo que en este registro domiciliario estuvo presente un familiar.
Además se registraron la empresa madrileña Siosa, dedicada a aplicaciones móviles, y otra compañía de Jaén.
Fresneda fue vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT en Andalucía desde 2005 a 2013 y una de las cuatro personas de confianza del ex secretario general de este sindicato Manuel Pastrana.
Los restantes detenidos son empleados y extrabajadores de UGT pero fuentes de la investigación descartaron que entre ellos figuren otros ex altos cargos del sindicato además de Fresneda, quien será trasladado a Sevilla para ser interrogado por la Guardia Civil, tras lo cual todos o una parte de los detenidos pasarán a disposición judicial.
En la operación también fueron arrestados varios empresarios, acusados de hacer facturas falsas para que UGT justificase los fondos que recibía de la Junta destinados a cursos de formación.
La operación está coordinada por el juez de instrucción 9 de Sevilla, a quien correspondió la denuncia de la fiscalía superior andaluza sobre los fondos de formación, con los que presuntamente UGT pagó gastos como invitaciones en la Feria de Abril de Sevilla o unos bolsos falsificados en China, copiados de marcas españolas, que regaló a los asistentes a su congreso.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, declaró que la Junta esperará «a que evolucionen los acontecimientos y la instrucción judicial» para decidir si se persona como acusación particular en este caso, una decisión que, en cualquier caso, se adoptaría «de acuerdo con la indicación de los servicios jurídicos».
A preguntas de los periodistas, Vázquez se limitó a expresar el respeto de la Junta «a todo tipo de actuación judicial» y enfatizó: «Le garantizo que desde el primer minuto, el Gobierno andaluz ha cumplido escrupulosamente con lo que marca la ley y seguirá cumpliendo con lo que marca la normativa».
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, explicó en Málaga que esta operación, denominada Cirene, es «de gran calado y tiene que ver con facturas falsas, un tema importante desde el punto de vista laboral y de la formación en Andalucía».
La diputada autonómica del PP Ana María Corredera reiteró la petición al Gobierno andaluz para que asuma responsabilidades políticas por el presunto uso fraudulento de fondos para formación. Corredera valoró en rueda de prensa que esta investigación judicial sigue avanzando y que «la verdad sigue saliendo a la luz», pero calificó de lamentable que, en su opinión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no actúe contra la corrupción y que su socio de gobierno «siga mirando para otro lado, calle y otorgue, y no exija ninguna responsabilidad política».
El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, animó a la justicia a seguir con esta investigación «caiga quien caiga», y señaló en una rueda de prensa en Huelva que le gustaría «que todas las investigaciones e instrucciones judiciales fueran lo más ágiles posibles». «No sólo es importante buscar a los responsables, sino que la ciudadanía pueda tener un relato veraz de lo ocurrido», indicó.
