El Tribunal Supremo (TS) ha decidido investigar la posible implicación en el caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de tres exconsejeros que como ellos tienen la condición de aforados.
El Supremo ha atendido al criterio de la Fiscalía y ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario que afecta a los parlamentarios nacionales: los diputados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y los senadores Mar Moreno y José Antonio Griñán.
El alto tribunal ha designado al magistrado José Alberto Barreiro como instructor de la causa, cuya apertura ha motivado un alud de reacciones políticas.
Poco después de conocerse el auto, el PSOE ha avanzado que Chaves y Griñán se personarán "de inmediato" para declarar, a pesar de que aún no han sido citados formalmente, y ha recalcado que la apertura de la investigación no significa que exista ninguna imputación.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha reafirmado su confianza en la "honestidad y honradez" de ambos, pero ha reiterado que si se imputa algún delito a un aforado, "será la primera en pedirles que abandonen el escaño".
También ha sido preguntado al respecto el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien, tras pedir respeto a la presunción de inocencia, ha indicado que el PSOE tomará una decisión "en función de cuál sea el desarrollo de la investigación judicial" y ha recordado que en la actual etapa esas decisiones se caracterizan por la contundencia.
No obstante, el PP considera suficiente la apertura de la investigación para que Susana Díaz reclame a los aforados que renuncien a sus actas. El portavoz adjunto de los populares en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha pedido a la presidenta andaluza que "cumpla su palabra" y que "no le tiemble el pulso" ante sus antecesores.
También el diputado de UPyD Toni Cantó ha opinado que en su partido Chaves y Griñán "estarían fuera ya", y el coordinador de esa formación en Andalucía, Martín de la Herrán, ha pedido incluso la convocatoria de elecciones autonómicas.
Mientras, Ricardo Sixto (IU) y Emilio Olabarria (PNV) han reclamado al PSOE tolerancia cero y que sea congruente con su código ético.
Será la Sala de lo Penal del Supremo la que verifique si en la exposición motivada que le envió la jueza Mercedes Alaya se consignan hechos que pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.
La jueza Alaya plantea en esa exposición que remitió al Supremo que hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.
Manuel Chaves presidió el Gobierno andaluz desde 1990 a 2009 y José Antonio Griñán lo hizo desde esa fecha hasta agosto de 2013, cuando dimitió para evitar la "erosión" que el caso de los ERE fraudulentos podía suponer para la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
El sumario de los ERE tiene 229 imputados y acumula 100.000 folios, motivo por el que, en contra del criterio de la jueza, la Fiscalía consideró imposible un enjuiciamiento conjunto y propuso la separación en tres procesos.
La Fiscalía, además de pedir al Supremo que se hiciera cargo de la parte que afecta a los cinco parlamentarios nacionales, recomendó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ocupe de los cuatro aforados autonómicos: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, también exconsejeros de la Junta.
