Tribunales

Ninguno de los 14 excargos imputados de la Junta de Andalucía declara ante Alaya

Fueron citados a raíz de unas ayudas concedidas desde 2003, todas con "ausencia de procedimiento"

28.04.2015 | 14:52

Ninguno de los 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía han declarado hoy ante la juez Mercedes Alaya, que los citó como imputados en el caso de los ERE por su presunta implicación en las ayudas concedidas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Todos los imputados, entre ellos los exconsejeros del Gobierno andaluz Antonio Fernández y Martín Soler, se han acogido a su derecho a no declarar, han informado a Efe fuentes judiciales.

La juez los citó tras analizar una treintena de ayudas concedidas en la Sierra Norte por valor de algo más de once millones de euros. Las ayudas, de entre 44.000 y 1.200.000 euros, se concedieron a empresas de todo tipo a partir del año 2003 y tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", la mayor parte de ellas carecían de solicitud y no tenían documentación justificativa, según la instructora.

Alaya considera que la mayoría de las ayudas se concedieron gracias a la amistad entre los empresarios y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones. Ante la juez han comparecido el exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz, Martín Soler, por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por una ayuda de 108.000 euros que dio Guerrero, con su conocimiento, a Andalucine y Producciones Baratarias.

Además, han pasado por el juzgado de Alaya tres exviceconsejeros, Agustín Barberá, Justo Mañas y Jesús María Rodríguez Román, y tres ex directores generales de Trabajo, el citado Guerrero así como Juan Márquez y Daniel Rivera. También comparecieron en el juzgado Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, ex directores generales de IFA/IDEA, que eran las empresas públicas que pagaban las ayudas.

Tras las declaraciones de los antiguos altos cargos de la Junta, la juez llamará a declarar a partir del 11 de mayo a 25 nuevos imputados, todos ellos responsables de las empresas de la Sierra Norte y receptores de las ayudas. Una de las imputadas es la monja de clausura Carmen Muño Rivas, que tres años antes de ingresar en el convento presidió una cooperativa textil que recibió unas ayudas de 44.000 euros. Entre estos imputados, la juez ha citado a dos exalcaldes socialistas de la comarca: Carmelo Montero Cabezas (Guadalcanal), cuya almazara recibió un millón de euros, y José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).

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