La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado mañana a tres jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía, dos de los cuales reconocieron que hicieron listas de exceptuaciones para que organizadores de cursos recibieran subvenciones sin justificar las recibidas.

De los diez jefes citados esta semana, todos acusados de prevaricación y de malversación de caudales públicos, mañana comparecen dos de la provincia de Sevilla, Carmen Gómez y Daniel Fito, y uno de Almería, Blas Méndez.

En su declaración ante la Guardia Civil como imputados, desarrollada en abril pasado y a las que ha tenido acceso Efe, Fito se acogió a su derecho a no declarar, y Gómez y Méndez reconocieron que emitieron listas de beneficiarios para que fueran incluidos en resoluciones de exceptuación con el objeto de que pudiesen recibir fondos en la siguiente convocatoria.

En sus declaraciones ante la Guardia Civil, la jefa de servicio de Sevilla entre 2006 y 2010 dijo que esas listas las hacía con periodicidad anual a petición de la Dirección General de Formación. La jefa de servicio de Sevilla afirmó que, cuando tenía que hacer la programación, se encontraba con entidades que habían entregado la documentación y a las que, sin embargo, no se les había podido tramitar la liquidación.

Para que los beneficiarios pudieran recibir fondos en la siguiente convocatoria "se debían realizar estas exoneraciones", según dijo la jefa de servicio a la Guardia Civil antes de añadir que "sin estas exceptuaciones no habría sido posible que hubiese programación". Blas Méndez, jefe de servicio en Almería entre 2008 y 2013, afirmó a los agentes de la Guardia Civil que al final del ejercicio en diciembre, desde la Dirección General de Formación se le pedía un listado con las entidades que estuvieran en las circunstancias de exceptuación.

Este jefe de servicio subrayó que fue felicitado por la Cámara de Cuentas por su gestión de los cursos de formación, dijo que la Intervención nunca le informó de algún tipo de irregularidad y que no era el responsable de la custodia de los expedientes. Las tres citaciones de mañana se incluyen en una ronda de comparecencias previstas durante esta semana para diez jefes de servicio de las ocho provincias andaluzas que han sido imputados por la juez.

Los imputados están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones", según Alaya. La juez los imputó después de la detención, en marzo de 2015, de los responsables entre 2009 y 2012 de los directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Estos directores descargaron la responsabilidad en la gestión de los expedientes relativos a las subvenciones para acciones formativas en los jefes de servicio, según apuntaba la Guardia Civil en el atestado que sirvió para las últimas imputaciones.