El calvario político de Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y candidata a volver a formar gobierno tras ganar ampliamente las elecciones del 22 de marzo (47 escaños), parece tocar a su fin. El PSOE andaluz y Ciudadanos (C´s) han llegado a un acuerdo por el que partido de Albert Rivera apoyará la investidura de la trianera y los socialistas, algo que ocurrió ayer, rubrican tres documentos que la formación naranja ha puesto sobre el tapete con 72 medidas referidas a transparencia, cohesión social, y economía y empleo. Ello permitirá que Díaz sea elegida como jefa del Ejecutivo andaluz este jueves, a partir de las 18.00 horas, tras cuatro intentos fallidos.
El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha hecho formalmente la convocatoria a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, una decisión tomada ayer mismo tras el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. La decisión se comunicará hoy al Rey y al presidente del Gobierno, quien sancionará la misma con un decreto. Luego, la orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y podrá formar su ejecutivo para afrontar la décima legislatura autonómica.
De cualquier forma, Díaz sólo obtendrá un sí provisional este jueves. Podrá ser investida como presidenta, pero el apoyo de Ciudadanos, a cambio de firmar ese pacto con anclaje en tres áreas, sólo le valdrá para la tarde de mañana. No se trata, como ya dejó dicho un precavido Albert Rivera, «de un cheque en blanco» para que los socialistas gobiernen sin ninguna condición.
Rivera insistió en que es un acuerdo basado en tres ejes «con medidas fundamentales para cambiar las cosas». El pacto se escenificó ayer con un aire de solemnidad que pone fin al nerviosismo de más de dos meses de negociaciones con tirios y troyanos que sacó de quicio a varios dirigentes socialistas, lo que puede comprobarse viendo las descalificaciones que algunos de ellos han dedicado a Podemos y al PP andaluz.
El coordinador territorial de Ciudadanos, Manuel Buzón, y la diputada autonómica y portavoz adjunta en el Parlamento, Irene Rivera, comparecieron ante los medios para explicar una entente cordial que sirve, de momento, para serenar a la bancada socialista y a la trianera, a quien ya se veía bastante crispada en los últimos días.
«Hemos iniciado hoy una carrera contra la corrupción a la que el PSOE se ha sumado e invitamos a todos los partidos y a toda España a sumarse», precisó Irene Rivera, en referencia al documento sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En el mismo, no se menciona en ningún momento la situación del expresidente de la Junta Manuel Chaves, cuya renuncia al acta de diputado en el Congreso había sido el principal punto de desencuentro entre C´s y el PSOE.
No obstante, el escrito contempla la necesidad de separar de inmediato a cualquier cargo público que resulte imputado por corrupción política, que mienta o manipule su currículum, su cualificación profesional o académica, e impide a los encausados por corrupción formar parte de una lista electoral.
Susana Díaz ve así ya muy cerca la orilla que le señala Albert Rivera tras semanas nadando en la inestabilidad para formar Gobierno. El jueves será la cuarta vez que se vote. La presidenta autonómica en funciones lo ha intentado todo, incluso llegar a un compromiso con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz, a cuyo antecesor en el cargo, Javier Arenas -Juan Ignacio Zoido fue el sueño de una noche de verano-, no se le dejó gobernar pese a que ganó las elecciones en marzo de 2012.
Bonilla se comprometió a darle el sí quiero a Díaz, pero, a cambio, le pidió que hiciera lo propio en los ayuntamientos andaluces en los que los populares fueron la lista más votada el pasado 24 de mayo, como ocurre, por ejemplo, en Málaga, Cádiz o Marbella, sin ir más lejos. Bajo la eufemística formulación de «que debe gobernar la lista más votada, Moreno Bonilla se aseguraba el gobierno de la formación popular hasta en siete capitales andaluzas.
Tampoco cuajó la reunión de ayer con Teresa Rodríguez, líder de Podemos. Entre ambas mujeres, parece, hay escasa química, aunque tampoco la había entre el secretario general socialista, Pedro Sánchez, y el número uno de los violetas, Pablo Iglesias, y ahora se miran con otros ojos. Rodríguez afirmó tras el encuentro con la jefa del Ejecutivo andaluz en funciones que su partido dirá no, y denunció «el portazo» de Díaz a seguir negociando. En el fondo, los podemistas ven en Ciudadanos un apéndice moderado del centro derecha, y eso pesa. «Me siento estupefacta. Es como si a mitad del partido te dicen que no seguimos jugando. Ha habido una falta de sinceridad por parte del PSOE», aseguró en rueda de prensa.
El encuentro duró una hora y cuarto en el Palacio de San Telmo y, en el ambiente, había sensación de bola de partido. «Les prometo que yo lo he intentado», dijo lacónica Rodríguez.
IU, último socio de Gobierno de los socialistas, denunció que no hubo «novedades» ni «concreciones» en la reunión que mantuvo su líder andaluz, Antonio Maíllo, con Díaz, quien ayer se batió el cobre para tratar de seguir en el poder. La federación de izquierdas dirá que no.
Maíllo sí fue claro en cuanto al apoyo de Rivera. «Me preocupan las políticas de giro a la derecha en Andalucía», precisó. Habló claro, aunque se felicitó por el fin de las mayorías absolutas.
Albert Rivera, quien parece ahora mismo el dueño del cotarro y maneja los tiempos con visión y talento político, dijo por Twitter que, para que se regeneren las instituciones, deben empezar a trabajar. De ahí esos tres documentos sobre regeneración democrática, reactivación económica y empleo y cohesión social que el PSOE ha debido digerir.
El paquete de medidas, 72 en total, contempla la eliminación de los aforamientos autonómicos, la limitación de mandatos de los presidentes de las comunidades, aunque no concreta a cuántos años. Asimismo, contempla la necesidad de una nueva ley electoral, con listas abiertas o desbloqueadas, proporcionalidad -el voto de cada ciudadano debe tener el mismo valor- y reducir los gastos electorales en el 50%. También incluye que los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y vía telemática su estructura y contabilidad, que los cargos institucionales no cobren de sus formaciones, y hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses, y las declaraciones del IRPF así como de su cónyuge.
Pide además que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción se hagan responsables patrimonialmente de ellos, amén de declarar imprescriptibles esos delitos.
En el apartado de corrupción, como ya se ha explicado, se contempla la necesidad de separar de inmediato a los cargos imputados o que manipulen sus currículum. Así, se pide una ley de buen gobierno, un estatuto de altos cargos, que sea incompatible ser parlamentario y el ejercicio de cualquier otra actividad profesional y reformar la Cámara de Cuentas. Además, se propone la reducción de entes públicos y de sus directivos.
En economía, se solicita una ley de apoyo al emprendedor, una entidad pública de crédito, una ley de formación profesional, medidas para los jóvenes, una ley sobre agricultura y una alianza por el turismo, fomento del sector de la construcción, una estrategia energética e incentivos fiscales.
En cuanto a cohesión social, se propone la contratación de 500 profesores, un plan de I+D+i para las universidades, becas para el B1 y 12.000 plazas en Infantil, así como hacer una Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público.
