Dos jefes de servicio de Formación de las delegaciones provinciales de Granada y Málaga han comparecido este jueves como imputados ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos y se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las mismas fuentes consultadas han indicado que, ante la juez Mercedes Alaya, han comparecido en la mañana de este jueves las que fueran jefas de servicio de Formación de Granada, María Noelia García Lucena, y de Málaga, María Isabel Almendro Flores, que se han negado a declarar.
Hasta el momento, han comparecido a lo largo de esta semana ante la magistrada hasta ocho jefes de servicio de las distintas delegaciones provinciales, de los que seis se han acogido a su derecho a no declarar, en concreto los dos citados y los jefes de servicio de Sevilla, Carmen Gómez Laguillo; de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Ángel Gil Flores, y de Jaén, José Luis Valentín.
De este modo, los dos únicos jefes de servicio que han accedido a declarar han sido el de Almería, Blas Méndez Capel, y el de Granada, Magín Bolívar Medina.
La ronda de comparecencias concluirá este viernes con los jefes de servicio de Formación de la delegación de Córdoba, Manuel Gavilán Jiménez, y de Sevilla, Daniel Fito.
En un auto fechado el pasado 27 de mayo, la magistrada imputó a estos diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputó pero no citó a declarar.
Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".
A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".
Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".
En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 ex altos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.
