­La secretaria general del PP-A, Dolores López, anunció ayer que su formación va a contactar esta semana con el resto de grupos con representación parlamentaria para «ver si van a respaldar» la iniciativa que registraron en la Cámara andaluza para la creación de una comisión de investigación sobre el caso de las ayudas a la formación. Pretenden que ello ocurra antes de que llegue agosto, y en su iniciativa ya han encontrado el apoyo de IU. La idea es obligar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a hablar sobre un caso tan incómodo como éste.

En rueda de prensa, López indicó que el grupo parlamentario popular registró ayer en el Parlamento una iniciativa para la creación de esta comisión de investigación con el objetivo de la que la misma pueda celebrarse durante el presente periodo de sesiones, es decir, antes de agosto.

La dirigente del PP-A, que recordó que todos los grupos han asumido un compromiso de lucha contra la corrupción, indicó que si la celebración de la citada comisión de investigación ya estaba justificada, ahora lo está aún más con la imputación en esta causa de dos exconsejeros del Gobierno andaluz.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, aseguró el lunes en rueda de prensa que la petición de una comisión de investigación sobre las ayudas a formación sería una de las primeras iniciativas que su grupo presentara durante la presente legislatura.

La intención de forzar la máquina con las ayudas a parados también preside las mentes de los parlamentarios de IU, de forma que el grupo se reunirá hoy para estudiar las iniciativas que presentarán en los próximos días a la Cámara, entre ellas la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los cursos de formación mediante «una propuesta solvente» que garantice su utilidad».

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, por su parte, acusó ayer a la presidenta de la Junta de hacer un discurso «victimista» en el caso de los cursos de formación y los ERE, y señaló que la presidenta de la Junta debería dejar de «excusarse en el pasado» y asumir la responsabilidad de su partido en ambos casos de corrupción.

Sin ir más lejos, ayer se conoció que la juez Mercedes Alaya, que investiga presuntas irregularidades en los cursos de formación, imputó a los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En un auto fechado anteayer, al que tuvo acceso Europa Press, Alaya amplía la imputación contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández e imputa a los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba, Alejandro Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia.

Asimismo, imputa al jefe del Departamento de Gestión Económica del Servicio de Formación de Empleo de la Delegación Provincial de Granada, Juan Manuel León Sánchez, a quien cita a declarar el día 29.

El auto de Alaya, notificado ayer a las partes, pone de manifiesto que «los responsables políticos de la Junta, a través de la Consejería de Empleo y el SAE, han concebido indiciariamente la Formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta».