La juez Mercedes Alaya ha remitido un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir instruyendo los ERE en el que descalifica a su sucesora, María Núñez, por su «estrecha amistad» con el consejero andaluz de Justicia y duda de sus conocimientos para la instrucción penal.

Tras el informe, en el que Alaya defiende seguir instruyendo los casos de los ERE, los cursos de formación y los avales de la Junta a empresas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido al CGPJ que valore la «falta de voluntad de colaborar» de la juez, publicó ayer Diario de Sevilla.

El informe de Alaya, que obtuvo una plaza en la Audiencia de Sevilla, fue remitido antes de que el Consejo decida sobre el reparto final de los sumarios que se instruyen en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla y después de que el TSJA aprobara que ella siguiera con los ERE y el caso Mercasevilla.

«Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora», indica.

En el informe, la que ha sido la titular del juzgado durante los últimos 17 años argumenta que la finalidad de la medida de refuerzo aprobada es la «agilidad y eficacia» en la tramitación de las causas, pero añade que esos fines deben ser conjugados con la «seriedad y el rigor» en la tramitación de las causas complejas. «Estas máximas, por su normal desconocimiento en este momento, no se dan en María Ángeles Núñez, frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria», alega.

La juez subraya que su «gran preocupación» ha dejado de ser la ralentización de las causas -«que sin duda se produciría»- para pasar a ser la «ausencia de confianza» que la actuación de la titular le genera por su actuación en la causa de los ERE y en los cursos de formación.

Sobre esta última macrocausa, Alaya sostiene que la división de la investigación respecto a las delegaciones provinciales de Empleo y los servicios centrales «pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas».

Alaya agrega que el hecho de que Núñez asuma la causa de los cursos le genera «una gran inquietud» (palabras que subraya en su escrito), «pues al margen de sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación».

Fuera de lugar

La Sala de Gobierno del TSJA, que preside Lorenzo del Río, consideró que están «totalmente fuera de lugar las alegaciones efectuadas por la señora Alaya Rodríguez» y «denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado».

Mientras, la propia Núñez se limitó a señalar que «no son formas» las utilizadas por la juez Mercedes Alaya y que el procedimiento que ha seguido «no es elegante».