El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que "no se ha impedido ni negado ningún tipo de información" en la investigación de la presunta prevaricación y malversación con subvenciones para prejubilaciones que dio en 2003 el Ministerio de Trabajo tras la crisis de la minería en la Faja Pirítica de Huelva.
Sanz ha explicado hoy a los periodistas que el Juzgado número 6 de Huelva ha reclamado información de los expedientes de regulación de empleo de la Faja Pirítica, en concreto documentos vinculados al Instituto Nacional de la Seguridad Social que actualmente están recopilando.
"El Gobierno no tiene nada que ocultar" en este caso, ha reiterado el representante andaluz del Ejecutivo central tras la toma de posesión del nuevo Subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones.
Ha insistido en que no se ocultó ni impidió información a las fuerzas de seguridad del Estado ni a la juez y que actualmente están culminando el proceso de recopilación de todos esos datos para cumplir con el auto judicial de solicitud.
