Justicia

La Junta ha reforzado con 135 funcionarios los juzgados con más sobrecarga de trabajo

Más del 50% de los mismos son órganos que se encargan de investigar casos de corrupción

31.10.2015 | 05:00

La Junta de Andalucía tiene reforzados con 135 funcionarios interinos los órganos judiciales y las fiscalías de la comunidad, el máximo número de refuerzos posible, según informó esta semana en el Parlamento andaluz el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero precisó que el 53,3 por ciento de los interinos de refuerzo que están trabajando en la actualidad lo hacen en juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción, juzgados de lo Penal y fiscalías, que son precisamente las sedes judiciales donde se sustancian los procedimientos por delitos relacionados con los casos de corrupción.

La cantidad de personal interino de refuerzo, además, ha permanecido casi inalterable desde 2012, ya que la Junta ha dotado a juzgados y fiscalías con entre 133 y 139 funcionarios más por año desde entonces para atender la sobrecarga de trabajo de estos órganos.

De este incremento de personal se están beneficiando actualmente los juzgados de Instrucción 6 y 16 de Sevilla, el de Instrucción 7 de Córdoba, el de Primera Instancia número 1 de Córdoba, la Sección Primera de la Audiencia Provincial cordobesa y los juzgados mixtos 1, 2 y 3 de Estepona, en Málaga.

De Llera explicó que el personal interino de refuerzo tiene como objetivo fundamental ayudar a resolver los problemas de sobrecarga de trabajo de carácter coyuntural y puntual en un órgano judicial. «Mediante su asignación se atiende a circunstancias temporales de sobrecarga, determinadas por las tasas de pendencia o por la complejidad de los asuntos que tramitan», dijo.

Al respecto, el consejero apuntó que este personal interino está autorizado por un periodo de tres meses, de modo que las asignaciones vigentes, que se acordaron el pasado 1 de octubre, concluirán el próximo 31 de diciembre.

Además, recordó que el nombramiento y asignación tiene un procedimiento establecido que parte de un informe motivado de la secretaria o secretario coordinador provincial, que evalúa las necesidades de refuerzo y al que se acompaña un plan de actuación, que luego se remite a la Delegación del Gobierno de la Junta.

Estas afirmaciones del consejero se conocen un día después de que el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, insistiera en la necesidad, a su juicio, de llevar a cabo «controles externos» y conseguir «más medios materiales y personales» para luchar contra la corrupción.

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